EEUU: el nuevo Estado autoritario ya está aquí
Conviene ir asimilando un hecho: el tipo de régimen que podemos llamar “democracia burguesa”, “democracia liberal”, “liberalismo constitucional” o como se quiera ya no existe de facto en el país más poderoso del planeta. El nuevo Estado autoritario cuyas características delineábamos en el documento Línea comunista y antifascismo no es para los EEUU un horizonte, sino una realidad efectiva que simplemente está desplegándose. Otra forma de decir lo mismo es que el mundo tal y como lo hemos conocido ya no existe (murió, probablemente, con el genocidio palestino).
El terror fascista del ICE, que el pasado sábado ejecutó a otro ciudadano (Alex Pretti: recordemos su nombre) a sangre fría, y la justificación desvergonzada y belicosa del asesinato por parte de todo el liderazgo trumpista son solo la punta del iceberg. Lo cierto es que, con independencia de cómo se desarrollen los acontecimientos de los próximos días –y todo apunta a que nos acercamos a una escalada de consecuencias imprevisibles–, Trump y los suyos ya han sentado las bases de un nuevo Estado autoritario –asegurándose, entre otras cuestiones, de que nadie podrá echarles del poder por medio de unas elecciones. No dispongo de conocimientos suficientes como para afirmar que nada de lo anterior sea totalmente irreversible en un plazo relativamente corto de tiempo. Pero sí puede afirmarse que no sucederá por cauces estrictamente legales. El juego ya es otro –incluso, quieran o no, para los sectores burgueses contrarios a Trump.
Antes de desarrollar estas tesis, conviene hacer una serie de apuntes preliminares con el fin de aclarar mi argumento. Todo Estado capitalista, nos recuerda Lenin, es una dictadura del capital. Esta es una verdad fundamental, pero también genérica, pues esta dictadura puede realizarse de formas muy diferentes. “Democracia liberal” o autocracia terrorista abierta; monarquía absoluta o república parlamentaria, la Alemania de Hitler o la Suecia de Olof Palme. Instaurar el gobierno de los trabajadores requería superar todas esas formas. Pero cada una de ellas genera realidades y posibilidades extremadamente dispares: la cuestión de la forma concreta del Estado es por lo tanto esencial.
Lo que llamamos “democracia liberal” es una forma de Estado singular que fue gestándose entre el siglo XIX y el XX como respuesta burguesa al desarrollo del movimiento obrero. Podemos diferenciar tres etapas: 1) Finales del siglo XIX: Tercera República Francesa (erigida sobre los cadáveres de 20.000 comuneros en París), ampliación del sufragio ante el avance del movimiento obrero socialista; 2) 1918-1936: Repúblicas en Alemania, Austria y España, sufragio universal en Reino Unido, etc., como respuesta a la Revolución de Octubre y un contexto de crisis revolucionaria; 3) Post-1945: generalización y consolidación de la “democracia liberal” en Occidente tras la derrota del fascismo y el avance del bloque socialista.
La “democracia liberal” es por lo tanto un compromiso de clase: la burguesía preserva su dictadura a cambio de entregar a la mayoría trabajadora una gama relativamente amplia de derechos políticos y económicos que todos los poderes del Estado se comprometen formalmente a respetar. El gobierno se erige mediante sufragio universal y elecciones competitivas, pero su actuación queda constreñida por los márgenes dictados por el capital, cristalizados de forma explícita en la Constitución. La propiedad privada como principio es intocable, pero se aceptan ciertos niveles de intervención sobre sus leyes. A su vez, los trabajadores no poseen el poder político ni económico, pero pueden utilizar sus derechos para conquistar nuevas libertades y apropiarse de una porción mayor de la riqueza social.
Es importante subrayar que la “democracia liberal” no niega el autoritarismo: lo lleva en su mismo núcleo en tanto que forma de dictadura burguesa. Lo ejerce diariamente por medio de un aparato del Estado que nunca se atiene del todo a la ley; lo ejerce de formas ampliadas en cuanto ve sus cimientos o intereses básicos amenazados (véase la “Zona Especial Norte”, véase la Operación Gladio, véase el comportamiento de EEUU hacia el movimiento de derechos civiles, véase, en general, el comportamiento de cualquier “democracia burguesa” contra toda oposición revolucionaria; véase el comportamiento de estas “democracias” en su faceta de potencias imperialistas, etc.). Sin embargo, sí atempera parcialmente este núcleo autoritario (a la interna al menos) por medio de toda una serie de mecanismos legales y materiales.
Las condiciones de posibilidad de la generalización de la “democracia liberal” fueron esencialmente tres: 1) la posición imperialista de Occidente; 2) la espectacular expansión económica de posguerra; 3) La revolución de Octubre y sus ecos, en forma de bloque socialista, así como un amplio movimiento obrero organizado.
En los años 70, el segundo punto implosionó, y el tercero se encontraba ya en crisis. Por un lado, las concesiones conquistadas por los trabajadores comenzaban a ser una carga demasiado pesada por la burguesía; por otro lado, la amenaza representada por el movimiento obrero era ya menor. La conclusión básica fue sintetizada en el famoso informe de la Comisión Tricontinental encabezada por Rockefeller: el problema de Occidente era el “exceso de democracia”.
La respuesta de la burguesía fue lo que venimos conociendo como “neoliberalismo”. Financiarización, privatización, deslocalización, desmantelamiento del “Estado social” y ataques a los sindicatos, ofensiva contra el salario y recorte de los elementos democráticos del Estado, blindado las principales decisiones de la presión popular (externalización del “poder de mando” a organismos como el FMI, el Banco Mundial y la UE, “nuevo constitucionalismo económico”, empoderamiento del Ejecutivo, preeminencia de los Bancos Centrales, etc.). La generalización del crédito sustituyó a las subidas relativamente permanentes de los salarios como vía para la generación de consenso social hacia el régimen, mientras la “democracia liberal” era preservada como una cáscara cada vez más vacía.
Pero este orden implosionó en 2008. La crisis económica del capital, que media el declive del imperialismo occidental, ha dado lugar a una crisis política ante la que la respuesta de la burguesía apunta de forma cada vez más decidida hacia la constitución de un nuevo Estado autoritario. Las fuerzas burguesas “progresistas” aplican el programa oligárquico de forma gradual, acompañándolo de concesiones menguantes y reivindicando la fachada liberal. El nuevo fascismo encarnado por Trump y compañía apuesta por la bola de demolición.
Trump 2.0, según afirma John Ganz, es la síntesis de las dos grandes tradiciones de la derecha americana: aislacionistas -indiferencia hacia el exterior y autoritarismo extremo en casa- e intervencionistas -autoritarismo extremo en el exterior y cierto liberalismo en casa. El resultado es lo peor de los dos mundos: autoritarismo extremo en casa y en el exterior, en una declinación ya claramente neofascista. Fue Aimé Césaire quien acuñó, en su análisis del fascismo, el concepto de "boomerang imperial": la violencia desatada por los imperios en los países oprimidos acaba siendo utilizada contra sus propias poblaciones. Esta centrifugadora de guerra interna y externa es el núcleo mismo del fascismo. Esto es lo que comenzamos a ver en EEUU mientras la administración Trump tilda de “terroristas” a las personas ejecutadas por el ICE, deporta, asesina y envía a siniestras dictaduras como El Salvador a migrantes más allá de toda ley, y avanza hacia la anulación de las elecciones de este año. Esto es, al mismo tiempo, lo que comenzamos a ver en el plano internacional mientras Trump afirma que tomará por la fuerza todo lo que desee.
En lo que al frente doméstico respecta, Lorién Gómez e Ismael Seijo argumentan de forma convincente (en un artículo que se publicará en el próximo número de la revista Nuevo Ciclo) que el proyecto de Trump consiste en la construcción de un “Estado dual”. El concepto de “Estado dual” fue acuñado por el socialdemócrata alemán Ernst Fraenkel para analizar el régimen Nazi. Un Estado dual es aquel que se estructura materialmente en torno a dos principios organizativos diferenciados: la regularidad del imperio de la ley y la arbitrariedad de la voluntad del Líder. El primer principio gobierna el intercambio mercantil, pues la ley es una expresión de las relaciones sociales capitalistas, que no podrían existir sin las figuras jurídicas de la propiedad privada y el contrato (y su respeto relativamente sistemático). Pero más allá del intercambio mercantil, el capitalismo es compatible con la más brutal de las arbitrariedades, y aquí es donde entra el segundo principio: la sumisión plena a la voluntad del Ejecutivo, que gobierna bajo la forma de un “estado de excepción” permanente. A nivel teórico, lo interesante es subrayar cómo el “Estado dual” es en esencia una radicalización de una dualidad presente en el núcleo mismo del orden burgués, donde la “igualdad ante la ley” presente en el contrato (el ámbito de la circulación) tiene su reverso en el despotismo del capitalista en el centro de trabajo (el ámbito de la producción). Al nivel del orden político, esto se expresa a dos niveles: 1) en la forma en que la propia Ley es a la vez universal (vinculante para todos) y particular (como expresión del poder del capital); 2) en la unidad de legalidad e ilegalidad que es intrínseca al ejercicio del poder estatal capitalista (como puede comprobar cualquiera que vea actuar a la policía). En este sentido, “dualizar” el Estado es radicalizar y sancionar materialmente esta división: una parte de la vida social sigue rigiéndose por medio del Derecho y sus mecanismos impersonales, otra parte queda plenamente a merced del poder arbitrario de los aparatos del Estado, amparados por una nueva seudo-legalidad indistinguible de la impunidad absoluta. El ICE, ya rebautizado como “la Gestapo de Trump” es la fuerza de avanzada de esta segunda dimensión. Pero el ICE es solo una parte de un proyecto de reestructuración estatal mucho más amplio, cuyas líneas generales ya quedaron delineadas en el famoso Project 2025. Este proyecto tiene tres pilares: 1) la autonomización plena del Ejecutivo con respecto a los poderes legislativo y judicial; 2) La monopolización del poder por parte del movimiento MAGA-Partido Republicano; 3) La reestructuración del aparato burocrático del Estado en clave neoautoritaria. Este último punto se subdivide en dos dimensiones: por un lado, ampliar espectacularmente el número de puestos de mando burocráticos elegidos discrecionalmente y llenarlo de fieles al presidente; por otro lado, generar organismos enteros que respondan plenamente a su voluntad, como es el caso del ICE. Un par de ejemplos pueden clarificar cómo funciona esto último en la práctica. Si en la actualidad la burocracia federal yanki consta de unos 2 millones de empleados y unos 4000 cargos políticos (elegidos discrecionalmente por en Ejecutivo) la Orden Ejecutiva Anexo F aprobada por Trump permitiría aumentar el número de cargos políticos a unos 100.000 –lo que supone un aumento del 2400%. Al mismo tiempo, la Orden facilita el despido por motivos políticos, lo cual refuerza el proyecto de subordinar la burocracia estatal al poder arbitrario del Ejecutivo. Por otro lado, la “Big Beautiful Bill” multiplicó por 10 el presupuesto del ICE, convirtiéndolo en la agencia federal mejor financiada de la historia. Si el ICE fuera un ejército, sería el decimosexto mejor financiado del mundo, por delante del turco, el canadiense o el español.
Recordemos los elementos del nuevo Estado autoritario tal y como se definen en Línea comunista y antifascismo: desarticulación de la forma democrático-liberal del Estado, eliminando los derechos políticos y económicos de la mayoría trabajadora; constitución de un Estado policial, escalada imperialista y militarista (Trump ha anunciado su voluntad de subir el presupuesto militar un 50%). Esto es lo que estamos viendo en EEUU, aunque todavía en forma relativamente embrionaria.
Pues por el momento del Estado dual trumpista solo existe el esqueleto. Pero este esqueleto se ha convertido ya en la forma elemental del Estado norteamericano: es cuestión de tiempo que vaya desarrollando músculo, carne… y sangre. Una prueba de lo anterior es que puede afirmarse que ya a día de hoy Trump ha generado las condiciones para asegurarse de que el Partido Republicano no volverá a perder unas elecciones presidenciales. Así lo afirma convincentemente la analista Brynn Tannehill, en un artículo que lleva por título Trump Has Already Rigged the 2028 Presidential Election. En otras palabras: el golpe de Estado trumpista no es algo que sucederá en algún punto en el futuro, por más que vayamos a ser testigo de la aceleración del proceso: en cierto sentido ya ha tenido lugar.
Tannehill enumera ocho obstáculos que hacen virtualmente imposible una futura derrota de los Republicanos en unas elecciones a la Presidencia. El primero es el uso del Departamento de Justicia como arma política por parte de Trump, que le permitiría anular la candidatura de cualquier Demócrata mínimamente popular con cargos espurios. El segundo es que el recuento de votos en 27 Estados está en manos de la empresa Dominium, controlada por un teórico de la conspiración fiel al MAGA, lo cual abre una amplia posibilidad para la manipulación de votos. El tercero es que los políticos Republicanos de los diferentes Estados podrían negarse a certificar una victoria Demócrata, lo cual enviaría la decisión a la Cámara de Representantes, donde cada delegación estatal contaría con un voto (lo que daría a los republicanos una mayoría, al existir más Estados Republicanos que Demócratas). El cuarto elemento es la capacidad de los republicanos para impugnar los resultados con cualquier excusa y relegar la decisión de un Tribunal Supremo firmemente controlado por la reacción. El quinto elemento tiene que ver con la Cámara de Representantes en su sentido general, que también debe certificar la elección. Los Republicanos están embarcados ahora mismo en un proceso frenético de rediseño de los distritos electorales (gerrymandering) que el Tribunal Supremo parece dispuesto a aceptar, y que implicaría restar unos 20 escaños a los Demócratas mediante la supresión de facto del voto negro en el Sur (haciendo casi imposible que logren una mayoría). Y todo eso suponiendo, cabe añadir, que las elecciones de este año y los próximos se celebren. El sexto elemento es que el vicepresidente debe certificar la victoria electoral, y el vicepresidente es el fascista J.D. Vance, quien contaría con el respaldo del escuadrismo trumpista (como sucedió el 6 de enero de 2020). Aquel día, el vicepresidente Pence se enfrentó a Trump y certificó la victoria de Biden. Es difícil, por decirlo sutilmente, imaginar a Vance haciendo lo mismo –y más teniendo en cuenta que él mismo podría ser el candidato republicano. Pero imaginemos que Vance tiene una epifanía: aún debe darse la votación en el Senado (séptimo elemento). Si hay una mayoría Republicana en el Senado, podrían simplemente negarse a certificar la elección. Y si algunos titubearan, Trump les recordaría que aún le quedarían 14 días en el poder (los nuevos presidentes entran en un 20 de enero) durante los cuales podría utilizar todos sus resortes para arruinarles la vida. Si hubiera una mayoría Demócrata, o una mayoría republicana todavía indecisa, Trump podría volver a alentar una insurrección como la de 6 de Enero, o desplegar al ICE y a sus tropas leales, o incluso combinar ambos, para impedir el voto. Por último, si un candidato Demócrata hubiera pasado estas 12 pruebas de Ásterix, Trump y los suyos aún tendrían la opción del golpe de Estado en su versión clásica: de nuevo, utilizar al ICE, a las fuerzas federales fieles al presidente, ejército incluido, al Departamento de Justicia, o a una turba como la del 6 de enero para arruinar la investidura y tomar el poder. Y conviene recordar que todos los principales espacios de mando del Ejército y el FBI han sido purgados de “díscolos” y rellenados con tipos fieles al movimiento MAGA.
Hasta el más básico y obtuso de los manuales de Ciencia Política establece las elecciones competitivas como una conditio sine quae non de la “democracia liberal”. La conclusión, por lo tanto, debería ser obvia en lo que a EEUU respecta incluso para quienes no acepten las premisas marxistas de mis argumentos.
Decíamos que del Estado dual trumpista por el momento solo existe el esqueleto. Al contrario que Hitler, Trump no tiene delante a un poderoso movimiento obrero ni se enfrenta a una economía colapsada, con niveles de paro cercanos al 30%. Es la suma de ambos factores lo que permitió la firme unificación de la burguesía y las clases medias alemanas bajo el proyecto nazi. Trump no puede contar con un respaldo semejante para sus planes, ni siquiera en el seno de la clase capitalista, y tampoco puede esperarse que el resultado sea un calco exacto del Estado nazi (el cual, dicho sea de paso, también tardó en desarrollarse hasta alcanzar las formas que todos conocemos). Pero conviene no olvidar los siguientes factores. En primer lugar, que la burguesía es una clase cuyo único Dios es el dinero, que no pretende arriesgar hasta el final en ninguna aventura antifascista. En segundo lugar, que buena parte de las fracciones dominantes de la oligarquía americana (Silicon Valley, la industria militar y energética, Amazon, etc.) ya respaldan el proyecto trumpista, y que a lo anterior debemos sumar el apoyo abrumador del empresariado mediano y pequeño, rastreable en los resultados electorales. En tercer lugar, que la burguesía en su conjunto favorece hoy una u otra versión de las políticas de ofensiva que le permiten ganar terreno en un contexto volátil. En cuarto lugar, que el pueblo trabajador norteamericano está ampliamente desorganizado y desideologizado, por más que los valerosos actos de Minneapolis señalen el camino. En quinto lugar, que el proyecto de Trump no es un delirio individual, sino una respuesta (neofascista) a la crisis real del sistema político americano, que cruje bajo el corsé de una constitución oligárquica redactada hace casi 240 años a la que han ido incorporándose progresivos parches, y a su manifiesto declive imperial.
La unidad de estos factores dibuja una conclusión deprimente: el proyecto trumpista de un “Estado dual” plenamente desarrollado está lejos de ser una fantasía. Sus pilares, de hecho, ya han sido asentados, combinando la arbitrariedad con el uso de mecanismos contenidos en el propio orden liberal. Si bien su consumación y asentamiento no puede asegurarse, quienes creen que se trata de una pesadilla pasajera harían bien en mirar a la realidad de frente. Los próximos meses serán duros, porque se acerca una prueba de fuego: las elecciones de mitad de mandato, que la Administración Trump intentará suspender o manipular descaradamente. Es más que probable que en el corto plazo veamos nuevos despliegues militares en territorios Demócratas, nuevas leyes represivas (buscando un medio para clasificar legalmente como terrorismo, por ejemplo, las protestas contra el ICE) y la aplicación de la Insurrection Act, que instauraría de facto el estado de excepción. Lo mismo se aplica, dicho sea de paso, al plano internacional –lo que incluye agresiones directas contra todo Estado enfrentado a EEUU y el nada velado objetivo de importar el nuevo Estado autoritario a todo Occidente.
¿Y qué podemos hacer nosotros en el aquí y ahora? Mostremos nuestra solidaridad con los estadounidenses en lucha, y con todos los que combaten a lo largo y ancho del planeta a la reacción y el capitalismo que la produce. Sigamos luchando por construir una alternativa a este orden de barbarie creciente. Demostremos que existen fuerzas dispuestas a luchar contra el fascismo y el autoritarismo de los Estados. El 31 de enero nos vemos en Bilbo e Iruñea.
