La Comunidad de Madrid prohibirá el acceso a VPO a los condenados por "ocupación ilegal"
Isabel Díaz Ayuso anuncia que la nueva norma vetará por 5 años a quienes tengan sentencia firme por allanamiento o usurpación, e impondrá un requisito de 10 años de empadronamiento previo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que las personas condenadas por sentencia firme por delitos de "ocupación ilegal" no podrán acceder a una vivienda protegida en la región durante los cinco años posteriores; es decir, los que más lo necesitan. Según avanzó en un encuentro de Nueva Economía Fórum y confirmó un comunicado oficial del gobierno autonómico, la medida se incluirá en el nuevo Reglamento de Vivienda, actualmente en tramitación y cuya aprobación está prevista para julio. Los delitos aplicables serán el allanamiento de morada y la usurpación.
La norma, que según el ejecutivo regional tiene como objetivo "reforzar la defensa de la legalidad" y "mejorar la eficacia de las políticas públicas", establecerá además un nuevo requisito de acceso: acreditar un empadronamiento continuado en la Comunidad de Madrid durante un mínimo de 10 años antes de la solicitud, lo que cierra aún más el acceso a viviendas protegidas. Según el comunicado, esta condición "pretende priorizar la vinculación estable con la región de los beneficiarios y asegurar que los recursos públicos se destinan a quienes contribuyen de manera continuada a su desarrollo".
🏡 Los condenados por ocupación ilegal no podrán acceder en 5 años a vivienda protegida en la Comunidad de Madrid.
— Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) January 26, 2026
👉 La presidenta @IdiazAyuso ha explicado que los delitos aplicables pueden ser allanamiento de morada o usurpación.
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Esta es tan solo otra pieza más de la estrategia de vivienda del Gobierno de Díaz Ayuso, que se autodenomina "líder en construcción de vivienda protegida en España". El comunicado cita el Plan VIVE de "alquiler asequible", que suma "14.000 viviendas en distintas fases", de las cuales 5.175 han sido ya entregadas y 3.200 finalizarán su construcción "en los próximos meses". También menciona las 3.400 viviendas del "Plan Solución Joven", actualmente en licitación.
La presidenta justificó la medida afirmando: "Vamos a seguir reforzando nuestra lucha contra la ocupación a pesar de tener unas competencias limitadas". La norma, que pasará ahora por un periodo de audiencia e información pública, representa una ampliación de las restricciones de acceso a la vivienda pública basadas en antecedentes penales, una línea política recurrente en su legislatura.
