Albiol pide autorización para expulsar a personas sin hogar de debajo de un puente en Badalona
Tras un desalojo investigado por la Fiscalía, el PP usa una ordenanza contra la acampada y esgrime el bulo del "efecto llamada", mientras devuelve 112.000 euros en fondos para personas sin hogar.
El gobierno municipal de Xavier García Albiol (PP) en Badalona ha solicitado formalmente a la Generalitat de Catalunya autorización para expulsar a las personas sin hogar que sobreviven bajo el puente de la autopista C-31. Según informa El Periódico, el Ayuntamiento justifica la medida aplicando la ordenanza de "civismo" que él mismo redactó y que "prohíbe expresamente acampar sin autorización municipal". La petición se produce después de que la Fiscalía abriera una investigación a Albiol por el desalojo anterior del asentamiento B9, cuyos habitantes, tras ser expulsados de una plaza pública por la misma norma, se tuvieron que refugiar bajo este puente.
El consistorio reconoce que sus Servicios Sociales han monitorizado durante semanas a la veintena de personas en el asentamiento, pero en lugar de proponer soluciones de vivienda permanente, las acusa con un bulo racista: de "generar un efecto llamada" por recibir ayuda solidaria de movimientos sociales y vecinos. Desde el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya señalan que este bulo busca criminalizar la pobreza, trasladando la responsabilidad del abandono institucional a las propias personas afectadas. El terreno, de dominio autonómico, requiere ahora el visto bueno de la Generalitat gobernada por el PSC para que los agentes de la policía municipal puedan proceder a la expulsión.
El Gobierno de Albiol, que ha devuelto 112.000 euros de fondos para personas sin hogar a la Generalitat, responde a una estrategia continuada de gestión represiva del sinhogarismo. En diciembre, el mismo gobierno utilizó la misma ordenanza para desalojar a las personas recién expulsadas del B9 cuando intentaron pernoctar en una plaza, empujándolas hacia los márgenes de la autopista. La falta de alternativas reales convierte a la ordenanza de "civismo" en la principal herramienta de gobierno, priorizando una moral determinada de "limpieza urbana" sobre el derecho a una vida de calidad para todas las personas. La Generalitat, al decidir sobre la autorización, tendrá que decidir si avala esta política de criminalización o no.
