El Parlament declara agentes de la autoridad a los carceleros
La ley, impulsada por PSC y respaldada por Junts, PP y Vox, blinda con indemnizaciones a este personal y lo equipara a los Mossos.
El Parlament de Catalunya ha aprobado este jueves una ley que otorga la condición de agentes de la autoridad a los carceleros que ejercen funciones de régimen interior y de rehabilitación. La iniciativa, presentada por el PSC-Units y tramitada por el procedimiento exprés de lectura única, ha recibido 103 votos a favor (PSC-Units, Junts, PP Catalán y Vox) y 27 en contra (ERC, Comuns y CUP-DT), según la crónica parlamentaria publicada en el portal oficial del Parlament.
La ley, que modifica el Decreto legislativo 1/1997, reconoce expresamente "la obligación de la Administración de la Generalitat de indemnizar a este personal por las "lesiones" y los "daños materiales" que pueda sufrir en el ejercicio de estas funciones, "siempre que no concurra dolo o negligencia", equiparándolos así con otros cuerpos como los Mossos d'Esquadra. El texto original del PSC-Units reconocía esta condición solo al personal de régimen interior, pero finalmente se extendió también al de rehabilitación tras aprobarse dos enmiendas presentadas por Junts.
Durante el debate, intervinieron representantes de todos los grupos, y varios carceleros siguieron la sesión desde el hemiciclo. ERC, Comuns y la CUP-DT presentaron una enmienda a la totalidad conjunta que fue rechazada. En sus intervenciones, los portavoces de estos grupos se opusieron a la equiparación jurídica propuesta.
"Seguridad y protección jurídica", solo para los carceleros
La exposición de motivos de la ley justifica la medida para "dar seguridad y protección jurídica" a las tareas que realizan estos carceleros. El texto también establece que la Generalitat, a través del departamento competente, "debe garantizar la formación inicial y continua para la capacitación y promoción de estos funcionarios".
Sin embargo, esta ampliación de atribuciones y blindaje legal contrasta con las denuncias reiteradas de maltrato y tortura en las prisiones catalanas. Según reportajes de La Directa, una grabación mostró en noviembre de 2025 cómo funcionarios del centro de Mas d'Enric mantuvieron atado boca abajo durante catorce horas al preso Mohamed Choulli, quien "murió" un año después en un incendio tras denunciar agresiones y tráfico de móviles. Otro vídeo de septiembre de 2025 reveló una contención mecánica de más de hora y media a una presa en Brians 1, calificada por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura como trato inhumano. Pese a estas evidencias, un amplio consenso del PSC, PP, Vox y Junts rechazó en mayo pasado crear un grupo parlamentario para investigar los derechos humanos en las prisiones, que no parecen importar tanto como los de los carceleros.
