“Les tocan” viviendas públicas de lujo a altos cargos del Ayuntamiento de Alacant y sus familiares
La primera promoción de protección oficial en 20 años beneficia “por casualidad” a una concejala, a los hijos de una directora general y a un arquitecto municipal imputado por colaboración con el narcotráfico.
El sorteo de la vivienda pública en Alacant (País Valencià) ha deparado una sorprendente coincidencia estadística: los principales agraciados han sido personas directamente vinculadas al Ayuntamiento que vendió el suelo y gestiona las políticas de vivienda. Según informa el diario Información, entre los afortunados adjudicatarios de los pisos de la urbanización Les Naus —una promoción protegida con piscina, gimnasio y pistas de pádel— se encuentran la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; los dos hijos de la directora general de Contratación Pública, María Pérez-Hickman; y el arquitecto municipal del área de Urbanismo, Francisco Nieto.
Las viviendas, calificadas como protegidas, se levantaron sobre un suelo municipal vendido a una cooperativa. La concejala y su pareja adquirieron una de las viviendas por poco más de 200.000 euros, un precio que una vivienda libre similar en la zona duplica fácilmente. Fuentes del equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala aseguraron, por supuesto, que la edil "no ha tenido relación alguna con este expediente" y que "optó a la vivienda antes de entrar en política". Los dos hijos de la directora general María Pérez-Hickman "compraron dos pisos contiguos en agosto y septiembre de 2025", a pesar del detalle trivial de que su madre ejerciera como secretaria técnica en el proceso de venta de la parcela desde 2018 hasta 2022.
"Mis hijos tienen el mismo derecho que otros"
La directora general, muy preocupada por la igualdad de oportunidades, declaró que sus hijos "tienen el mismo derecho que otros" y que resulta "imposible" demostrar que influyera en la adjudicación. El arquitecto municipal Francisco Nieto, casualmente imputado en estos momentos en una causa penal por presuntamente "aligerar" trámites urbanísticos para una red de narcos, adquirió también por casualidad su piso en agosto de 2025.
El alcalde Barcala ha ordenado abrir un expediente para averiguar los hechos tras detectarse estas adjudicaciones, en medio de una insostenible falta de alojamiento y precios prohibitivos en la ciudad.
