Concentración en València para impedir el desahucio de Soledad y su hijo
El Sindicat d’Habitatge de València convoca este jueves 5 de febrero frente al piso de Benicalap de una trabajadora con cáncer y sin alternativa residencial.
El Sindicat d’Habitatge de València (SHV) ha convocado una concentración este jueves 5 de febrero a las 8:00 en la calle Garbí número 18, para impedir el tercer intento de desahucio de Soledad y su hijo en el barrio de Benicalap. SHV recuerda que la mujer sufre una enfermedad grave y carece de alternativa residencial. La convocatoria busca bloquear el lanzamiento y exigir el respeto al derecho a la vivienda.
El rentista propietario del inmueble posee además varios terrenos y otra vivienda en Terol de la que obtiene renta. Según el sindicat, ha ejercido un “total acoso” sobre Soledad, presionándola para mostrar la vivienda y ponerla en venta, incluso presentándose con un comprador sin su permiso. Estas acciones generaron “una situación de inseguridad total” y, debido al incorrecto asesoramiento legal previo, la inquilina dejó de pagar el alquiler.
El SHV recuerda que en 2024 se inició un procedimiento por impago que se detuvo con el "escudo social" y el informe de vulnerabilidad que daba fe de sus condiciones. Sin embargo, al reactivarse, los tribunales le negaron representación jurídica y no le permitieron actualizar su situación. El segundo intento de desahucio fue paralizado el 16 de enero gracias a la movilización de vecinos y militantes, que lograron aplazarlo hasta el 5 de febrero.
Soledad trabaja en limpieza con un salario que apenas cubre necesidades básicas, ha atravesado un ERTE y lucha contra un cáncer. A pesar de ofrecer soluciones para regularizar el pago del alquiler y asumir un incremento "asequible", el rentista quiere más e insiste en ejecutar el desahucio. El SHV denuncia que casos como este muestran “una problemática sistemática donde el derecho a la vivienda se subordina al negocio inmobiliario”, y alerta que la derogación de la moratoria de desahucios deja en riesgo a 60.000 familias más en el Estado español.
