Un residente de una geriátrica pública en Madrid pone fin a 25 días de huelga de hambre por la comida
El interno protesta por los menús de la residencia de ancianos,donde se destinan 6,98 euros diarios por residente.
Un interno de la residencia pública de mayores de Colmenar Viejo (Madrid) ha puesto fin a una huelga de hambre de 25 días iniciada para denunciar la “pésima calidad” de la comida que se sirve en el centro. El residente, Marcelo Marko, de 68 años, comenzó la protesta el pasado 8 de enero y ha decidido abandonarla tras el impacto público alcanzado por su denuncia, según informa EFE.
Durante la huelga, Marko asegura que solo ha ingerido “agua, café y tabaco” y que ha llegado a perder más de diez kilos de peso. Aunque afirma que no ha recibido “ninguna promesa concreta”, destaca que su caso ha sido atendido por el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) y por la fiscal de zona del Mayor, además de haber obtenido repercusión mediática. El residente subraya que su objetivo era visibilizar que en una residencia pública se destinan 6,98 euros diarios por persona para cuatro comidas.

“Cuando te conviertes en una persona que protesta, llegan estas represalias”
El interno también denuncia la apertura de un expediente disciplinario por parte de la AMAS, en represalia por su protesta. “Cuando te conviertes en una persona que protesta, llegan estas represalias”, declaró Marko, negando las acusaciones de faltas de respeto o alteración de la convivencia. Por su parte, fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid sostienen que el expediente responde a una “presunta agresión física y verbal” a otro residente en Nochebuena, extremo que Marko niega, reconociendo solo un “enfrentamiento verbal”.
Aunque ha decidido finalizar la huelga por recomendación médica y presión de otros residentes, Marko asegura que continuará reclamando mejoras en el centro. “Hay muchas cosas que arreglar, no solo la comida”, afirmó, recordando que en Madrid los residentes entregan el 86% de su pensión para costear la plaza pública.