ERE en Tubos Reunidos: hasta 520 trabajadores en riesgo en Amurrio y Trapagaran
La siderúrgica anuncia un recorte masivo de empleo en Araba y Bizkaia, con un mínimo de 130 despidos. Los sindicatos, unidos en el rechazo, convocan huelgas ante el plan de la patronal.
La empresa vasca Tubos Reunidos ha comunicado la apertura de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a sus plantas de Amurrio (Araba) y Trapagaran (Bizkaia), donde emplea a unos 1.300 trabajadores. La dirección, según informa El Correo, justifica la medida por la "compleja situación económica" y el contexto internacional, negándose a detallar su alcance hasta una reunión convocada para el 9 de febrero. Fuentes sindicales citadas por Berria y El Correo advierten de que la propuesta podría afectar a entre el 35% y el 40% de la plantilla, lo que supondría la destrucción de entre 455 y 520 empleos, siendo el mínimo legal del 10% (130 puestos).
La dirección de la compañía atribuye su situación crítica principalmente al "impacto de los aranceles del 50%" impuestos por la administración de Donald Trump a las importaciones de acero, que habrían hecho "inviable" vender en Estados Unidos, un mercado que representaba el 45% de sus ventas (767 millones de euros). Según la información publicada por El Correo, la empresa arrastra graves pérdidas —28 millones en el primer semestre— y una deuda que supera los 250 millones de euros, a pesar de haber sido rescatada en 2021 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con una inyección de 112 millones.
Respuesta sindical
Los comités de empresa de ambas plantas, integrados en una comisión negociadora conjunta encabezada por ELA, han rechazado unánimemente el ERE. Como primera respuesta, el comité de Amurrio, con el apoyo de ELA, LAB y ESK, ha convocado dos días de huelga para el 9 y el 13 de febrero. En Trapagarán, según Berria, solo LAB y ESK han abogado por movilizaciones inmediatas, mientras ELA prefiere "esperar a conocer la incidencia exacta de los recortes". Los sindicatos también han mostrado su descontento porque la empresa exige negociar un único expediente para dos plantas con convenios y productos distintos.
El anuncio llega en mitad de la inestabilidad para la empresa, que acaba de cambiar de presidente y que ha sido citada por la Audiencia Nacional española en la investigación de una presunta trama de comisiones ilegales que involucra a exaltos cargos de la SEPI y del PSOE. Los trabajadores cuestionan que la compañía disponga de fondos para el plan de "salidas voluntarias" que la dirección plantea como primera medida y temen despidos traumáticos que lastren drásticamente la capacidad productiva de las fábricas.
