Una masiva movilización de docentes ha vuelto a colapsar las calles del centro de València este miércoles, en lo que constituye la cuarta gran manifestación en el País Valencià desde el inicio de la huelga general indefinida el pasado 11 de mayo. Alrededor de 25.000 personas, según los datos oficiales de la Delegación del Gobierno, se concentraron inicialmente en la plaza de Sant Agustí para emprender una marcha que culminó frente a la sede de la Conselleria de Educación, ubicada en la avenida de Campanar. La protesta, que se desarrolló bajo un fuerte dispositivo policial y con las puertas del departamento completamente blindadas, coincidió con el decimotercer día de paros del sector.

La minoría sindical rompe con la huelga

Esta nueva demostración de fuerza en las calles se produce en paralelo a la fractura dentro del frente sindical. En las horas previas a la movilización, los sindicatos CSIF y ANPE, que ostentan aproximadamente el 30% de la representación del profesorado, anunciaron la desconvocatoria de los paros por su parte "para centrarse en la vía negociadora". Ambas organizaciones firmaron un acuerdo parcial con el Gobierno valenciano el pasado lunes que contempla una subida salarial de 200 euros mensuales sobre el complemento autonómico.

Representantes de ANPE y CSIF firman el acuerdo con la Conselleria de Educación. Foto: Jorge Gil-Europa Press
Representantes de ANPE y CSIF firman el acuerdo con la Conselleria de Educación. Foto: Jorge Gil-Europa Press

Este desmarque ha sido calificado de "traición" por el bloque mayoritario de la mesa sectorial, compuesto por STEPV, CCOO y UGT, quienes tachan el pacto de "totalmente insuficiente" y han decidido mantener la huelga. Desde las puertas de la Conselleria, Pau Pons, miembro del secretariat nacional del STEPV, denunció la "mala fe negociadora" de la administración, mientras que Kilian Cuerda, delegado de UGT, criticó los anuncios de recortes de subvenciones a las centrales sindicales en pleno conflicto.

Servicios mínimos del 100% en la PAU

De forma paralela al desarrollo de las negociaciones, el conflicto educativo ha alcanzado una dimensión judicial y organizativa crítica debido a la proximidad de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), programadas del 2 al 4 de junio. Ante la advertencia formalizada por más de 200 profesores de paralizar la evaluación, la secretaria autonómica de Universidades y presidenta de la Comisión Gestora de la PAU, Esther Gómez, solicitó a la Dirección General de Trabajo el establecimiento de servicios mínimos del 100% para todo el personal docente designado como miembro de los tribunales examinadores.

Esta medida, que en la práctica prohíbe el ejercicio del derecho a huelga para este colectivo, ha sido firmemente avalada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).