La pasada madrugada, el Ayuntamiento de Barcelona (Catalunya) y el Consorcio de la Zona Franca han liderado una gran operación policial. Expulsaron a las personas que vivían en la calle 2 del polígono de la Zona Franca (Barcelona). Las instituciones defendieron que se trata de una medida "provisional" por "motivos sanitarios", "contra una plaga de ratas". Sin embargo, el despliegue fue mucho más allá.

El operativo contó con decenas de antidisturbios de los Mossos d’Esquadra y agentes de extranjería de la Policía Nacional española. Estos identificaron a personas migrantes racializadas y confiscaron algunas de sus pertenencias. Esta dinámica recuerda al episodio vivido recientemente en Palma.

Edwin Segura, que vivía en el asentamiento desde hace un año con su pareja, expresó su preocupación y crítica. "Si fuera por salubridad, sería fácil solucionarlo con una jornada de limpieza, sin sacarnos del lugar. La gente no tiene a dónde ir". Originario de Colombia, llevaba un año viviendo en el asentamiento con su pareja.

Asimismo, el uso de equipos de protección individual (EPI) ha sido interpretado por diferentes organizaciones sociales como una muestra de estigmatización hacia estas personas sin alternativa residencial.

De todas las personas identificadas, solo ocho fueron atendidas por el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB). La atención se limitó a informar sobre los circuitos a los que pueden acogerse.

Sin realojamiento ni garantías: "desalojo encubierto"

La actuación en la Zona Franca ha sido duramente criticada por diferentes entidades sociales y organizaciones del movimiento por la vivienda. Eva Hobeich, responsable jurídica de Arrels Fundació, denunció que no se trata de una limpieza sanitaria, sino de un "desalojo encubierto con dudosa legalidad". Hobeich criticó la falta de garantías para los afectados, asegurando que solo se les permitió recoger las pertenencias que podían cargar a mano. Además, desde la entidad confirman que el CUESB no asignó ninguna solución habitacional ni realojamiento a los expulsados.

De Badalona a Barcelona: la criminalización de la pobreza

Muchas de las personas afectadas ya habían sido desalojadas anteriormente de puntos más céntricos de la ciudad o habían sufrido desahucios previos. Esta dinámica de "desplazar el problema" ha generado una fuerte respuesta del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, acusando al gobierno municipal de seguir la misma línea que la derecha. "Lo mismo que la extrema derecha hace de forma descarada, la izquierda reformista lo hace con disimulo y engaño. Todos son incapaces de abordar las causas reales del problema", publicaron en X.

El PSC de Collboni cuestionó públicamente al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por el desalojo más grande de la historia de Catalunya en el bloque B9. Este calificó el episodio de "desproporcionado, innecesario e inhumano". Ahora, sin embargo, parece aplicar sus mismas políticas.

El sinhogarismo, expresión última de la crisis de la vivienda

El sinhogarismo es la última expresión de una crisis de la vivienda cada vez más generalizada. Por ello, las muertes de las personas sin alternativa residencial han aumentado este invierno. La ciudad de Barcelona se caracteriza por un mercado de vivienda privatizado y concentrado en manos de fondos buitre y grandes propietarios. Muchos de los equipamientos públicos existentes están saturados o infrautilizados. Paralelamente, la clase trabajadora está cada vez más empobrecida y los desahucios son cotidianos. Mientras tanto, las políticas de control y criminalización de la pobreza solo agravan la situación.

Este desalojo, apunta el SHSC, demuestra una vez más que el beneficio capitalista prevalece. "Tenemos los recursos para garantizar una vivienda de calidad para todos, pero la lógica del mercado se antepone a las necesidades más básicas", aseguran.