Las expulsiones de extranjeros aumentan un 12% en 2025 y marcan un nuevo récord

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ejecutaron 3.398 expulsiones de personas extranjeras durante 2025, lo que supone un aumento del 12% respecto al año anterior y la cifra más alta del último lustro, según los datos del Ministerio del Interior consultados por Europa Press. La estadística muestra una clara progresión ascendente desde 2021, cuando se contabilizaron 2.025 expulsiones. En 2022 fueron 2.627; en 2023, 3.090; y en 2024, 3.031. En total, entre 2021 y 2025, Interior ha ejecutado 14.171 deportaciones a través de la Policía Nacional española, el cuerpo con competencias exclusivas en esta materia.

Los expedientes incluyen procedimientos iniciados tanto por la Ley de Extranjería —que contempla la expulsión de personas en situación irregular— como por el artículo 89 del Código Penal, que permite sustituir penas de prisión superiores a un año por la expulsión directa. En los casos en que la persona extranjera acredita más de diez años de residencia en el Estado español, las penas deben superar los cinco años y se evalúa la posibilidad de reincidencia. Además, las devoluciones de personas migrantes en frontera no se contabilizan en esta estadística.

El incremento sostenido de las deportaciones consolida una política migratoria cada vez más restrictiva, pese a que el gobierno de Pedro Sánchez se presenta a nivel estatal e internacionalmente como "defensor de los derechos humanos y de las personas migrantes". Algunas organizaciones sociales y colectivos de apoyo a migrantes han comenzado a referirse a este dispositivo como la "ICE de Sánchez", en alusión a la agencia estadounidense de inmigración y control de aduanas, conocida por sus prácticas de detención y expulsión masiva durante la era Trump que han desatado un conflicto social abierto en EE.UU.

Los datos de Interior no desglosan los países de origen de las personas expulsadas ni los motivos concretos que llevaron a la apertura de cada expediente. Mientras tanto, la maquinaria de expulsiones del Estado sigue engrasándose año tras año, con un aumento del 67% en solo cuatro ejercicios. Con un Gobierno "progresista" que no siente grandes presiones para dar explicaciones sobre su giro securitario y la vigencia de la amenaza de la extrema derecha como chantaje político del PSOE, las medidas autoritarias se van consolidando sin oposición significativa y con mayor efectividad.