El número dos de la Policía Nacional dimite por una denuncia de agresión sexual

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional española, José Ángel González, presentó su dimisión este martes después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite una querella presentada por una agente contra él por un presunto delito de agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. Según ha adelantado la Cadena SER y ha confirmado El País, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid ha citado tanto a la víctima como al denunciado a declarar el próximo 17 de marzo. Fuentes del Ministerio del Interior aseguraron que González renunció "para no dañar el nombre de la Policía Nacional".

La querella, a la que ha tenido acceso la SER, relata que los hechos ocurrieron en abril del año pasado, cuando la agente se encontraba de servicio. Según su relato, recibió la orden de acudir con un vehículo camuflado al restaurante donde el alto mando comía con otro comisario. Posteriormente, González le ordenó que le llevara a su vivienda oficial, propiedad del Ministerio del Interior. Una vez allí, siempre según la denuncia, el máximo responsable policial, "prevaliéndose de su autoridad", habría agredido sexualmente a su subordinada con penetración causándole lesiones, hasta que ella pudo zafarse y huir. La víctima aporta como prueba una grabación de audio en la que, supuestamente, se escucha al mando decir "Oye, que soy el DAO" durante el forcejeo, así como frases coaccionándola posteriormente para que no revelara lo sucedido.

La denunciante, que actualmente se encuentra de baja por depresión, asegura que mantuvo una relación extramatrimonial consentida con el mando, pero que al intentar ponerle fin se encontró con un incremento de la presión y las amenazas veladas. En la querella se detalla que fue sometida a "una campaña de coacciones, presión psicológica y acoso telefónico" por parte del entorno del DAO. En concreto, señala a otro comisario, identificado como Oscar San Juan González, mano derecha del denunciado, quien supuestamente le ofreció elegir destino profesional a cambio de su silencio con mensajes como "elige a qué destino quieres ir y cuando lo tengas pensado, me lo mandas por wasap". La víctima ha aportado un registro de llamadas y mensajes para acreditar el acoso.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles en el Congreso que desconocía "hasta ayer" la existencia de la denuncia y ha negado rotundamente haberla tapado. "No lo he tapado, no sabíamos nada hasta ayer, si lo hubiéramos sabido, al mínimo conocimiento, habría pedido la renuncia o habría procedido al cese inmediato", declaró. Marlaska anunció además la apertura de una investigación contra el comisario Oscar San Juan González, a quien ha relevado "de sus funciones actuales" por su presunta participación en las coacciones. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Gobierno español de "proteger y tapar a un presunto violador", mientras que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, defendió la actuación del Ejecutivo: "El Gobierno hizo lo que tenía que hacer, y el señor Marlaska también". El abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, ha reclamado a Interior que adopte "todas las medidas posibles para proteger a la funcionaria agredida, que con gran valentía ha denunciado a su máximo jefe".

Al menos 12 casos graves procesados y documentados en prensa en apenas tres meses

Con este "caso aislado" del más alto nivel suman ya al menos 12 agentes de policía de distintos cuerpos implicados en casos judicializados por violencia machista que han saltado a la prensa en el Estado español en tan solo tres meses. Esta misma semana, han abierto una investigación al jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares por violencia de género y maltrato familiar. También han juzgado en la Audiencia de Almería juzga a diez acusados de prostituir a menores, entre ellos dos policías locales y un exmilitar. A comienzos de febrero, ratificaron la condena a un guardia civil por amenazar y agredir a su exmujer con un arma. A finales de enero, un teniente de la Guardia Civil fue detenido en València por agresión sexual y maltrato. En fechas similares se daba conocer la petición de 51 años de prisión de la Fiscalía para un guardia civil por extorsión, robos y abusos en la Cañada Real, en un caso de corrupción más amplio que también incluyó abusos sexuales por tocamientos contra una mujer. Unos días antes, se conocía la sanción contra un guardia civil que fingió estar en medio de una operación al ser sorprendido en un prostíbulo durante una redada. En fechas similares, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ordenaba repetir el juicio al policía condenado por matar a tiros a su mujer en Ceuta. A mediados de enero, un policía nacional fue detenido por agredir sexualmente a una compañera en prácticas. Paralelamente, el Tribunal de Estrasburgo resolvía que la Policía Nacional española manipuló pruebas en dos casos de violaciones contra dos mujeres en Iruñea (Nafarroa) mediante sumisión química; uno de los agresores era familiar de un agente de policía. A principios de diciembre, se daba a conocer que un policía municipal de Bilbo (Bizkaia) perseguía a su expareja controlándola mediante GPS. Al mismo tiempo, era readmitido un guardia civil condenado por violencia machista por un "error" del Ministerio de Defensa.