Cinco países de la UE planean crear centros de deportación en África para eludir sus obligaciones de asilo
Grecia, Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Austria negocian reabrir instalaciones en terceros países para enviar a personas con solicitudes de asilo denegadas que no pueden ser devueltas a sus lugares de origen.
Los gobiernos de Grecia, Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Austria planean crear centros de retorno de inmigrantes en territorio africano, según ha anunciado este miércoles el ministro griego de Migración y Asilo, Thanos Plevris, en declaraciones a la emisora pública ERT recogidas por EFE. El objetivo es trasladar a esas instalaciones a las personas cuya solicitud de asilo haya sido rechazada en la Unión Europea pero a las que no se puede enviar a sus países de origen porque estos se niegan a aceptarlas. Plevris ha explicado que ya ha mantenido reuniones con sus homólogos de los otros cuatro países y que "equipos técnicos" se reunirán la próxima semana para avanzar en el plan.
La iniciativa busca estar operativa cuando el Parlamento Europeo vote en los próximos meses un nuevo reglamento sobre deportaciones que permita la crear estos centros. La Comisión Europea presentó en marzo de 2025 una propuesta para sustituir la Directiva de Retorno de 2008 por un sistema común de expulsiones "más rápido, simple y efectivo", en palabras del texto oficial. Si se aprobara, el nuevo marco comenzaría a aplicarse a mediados de 2026. Plevris ha reconocido que "hay un problema con los retornos en toda Europa" y que la creación de estos centros "funcionaría también como factor disuasorio" para futuras llegadas.
Los cinco países implicados están manteniendo conversaciones con "terceros países en África" para alcanzar acuerdos que permitan instalar estos campos de concentración. El ministro griego ha precisado que "los más grandes" de estos países lideran las negociaciones, sin precisar de qué países se trata. Grecia realiza actualmente entre 5.000 y 7.000 deportaciones anuales, mientras que cada año llegan al país entre 40.000 y 50.000 personas, de las que solo la mitad obtienen protección internacional. Las cifras muestran la magnitud de un drama humano que los gobiernos europeos pretenden gestionar mediante la externalización de fronteras y delegando responsabilidades en países africanos.
La propuesta de "centros de retorno" en terceros países supone un paso más en la política de externalización de fronteras que la UE viene aplicando desde hace años, consistente en pagar a países de origen y tránsito para que contengan los flujos migratorios a cambio de fondos o acuerdos comerciales. La medida, que ya está siendo ensayada dentro del espacio Schengen de la UE, elude las obligaciones legales y los procedimientos de asilo que los Estados europeos están teóricamente obligados a garantizar en su propio territorio, y convierte a países africanos en meros retenedores de personas a las que se niega el derecho a solicitar protección.
Mientras los gobiernos europeos se coordinan para blindar sus fronteras y hacer más "eficaces" las expulsiones, las personas migrantes y refugiadas seguirán siendo el eslabón más débil de una cadena de vulneración sistemática de derechos. Est nueva iniciativa no viene más que a profundizar esta tendencia.
