Frédéric Grochain, militante independentista canaco de 31 años, murió el pasado 6 de febrero en la prisión de Varennes-le-Grand, en Borgoña (Estado francés), a 17.000 kilómetros de su familia y sin que las autoridades francesas informaran a sus allegados, que conocieron el fallecimiento tres días después por casualidad, según ha denunciado Contre Attaque, que ha publicado la noticia. Grochain había sido detenido tras los levantamientos populares de junio de 2024 en Kanaky (Nueva Caledonia) y formaba parte de un grupo de 80 independentistas que fueron deportados a centros penitenciarios en la Francia metropolitana, lejos de sus familias y de su país de origen colonizado. Su abogada había señalado que podría haber regresado a su tierra en el segundo semestre de 2027.

Las revueltas de 2024 estallaron como reacción al proyecto de "desbloqueo del censo electoral" impulsado por el gobierno francés, que según los independentistas habría colocado a la población canaca en minoría en sus propias tierras. Más de 1.700 personas fueron arrestadas durante los disturbios, y al menos 11 canacos fueron asesinados por disparos de la gendarmería o de civiles colonos. Ochenta de los detenidos, entre ellos el líder independentista Christian Tein, fueron trasladados forzosamente a prisiones en la Europa continental, una práctica que organizaciones de derechos humanos califican como continuación de las viejas deportaciones coloniales, que separan a las familias y causan graves daños psicológicos a los presos políticos.

Los resultados de la autopsia practicada a Grochain apuntan a una "muerte natural" derivada de la falta de un seguimiento médico adecuado, según la información facilitada por su defensa. El caso vuelve a poner en evidencia que una política penitenciaria de excepción que aísla a los presos políticos a miles de kilómetros de su entorno familiar y cultural tiene consecuencias fatales, puesto que imposibilita las visitas y agrava las condiciones de reclusión. Decenas de militantes políticos canacos continúan encarcelados en la metrópoli en estas condiciones, con graves riesgos para su salud mental y física.

La colonización francesa de Kanaky se remonta a 1853, cuando el Imperio se apropió del archipiélago habitado durante 3.000 años por el pueblo canaco. Desde la década de 1970, el entonces primer ministro Pierre Messmer impulsó una política de colonización masiva de población europea para diluir demográficamente a los canacos y dificultar cualquier reivindicación soberanista. A pesar de décadas de resistencia anticolonial y de los acuerdos de Matignon y Numea, que reconocían "un camino hacia la autodeterminación", el Estado francés mantiene su dominio colonial sobre el territorio de ultramar y responde con represión y deportación a cada intento de los canacos de decidir su futuro. Por ello, la "muerte" de Frédéric Grochain en una prisión de la metrópoli, solo y sin atención médica, representa otro crimen más en la larga lista de asesinatos cometidos por un Estado que sigue tratando a los pueblos colonizados como desechos humanos.