El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes en redes sociales que el Consejo de Ministros desclasificará este martes los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, coincidiendo con el 45 aniversario de aquel suceso. "La memoria no puede estar bajo llave. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre", ha escrito Sánchez en X, donde asegura que con esta medida se salda "una deuda histórica con la ciudadanía". La desclasificación se hará efectiva el miércoles con su publicación en el BOE, y los documentos estarán disponibles en la web de Moncloa, según fuentes del Ejecutivo citadas por Público y El País.

Entre los archivos que dejarán de ser secretos se encuentra el sumario completo del juicio, custodiado en el Tribunal Supremo y compuesto por 89 legajos que incluyen las grabaciones originales y las declaraciones de los implicados. También se desclasificarán los documentos internos del CESID (el servicio de inteligencia de la época) con las transcripciones de las escuchas de la noche del golpe, clasificadas hasta ahora como "alto secreto", así como las comunicaciones de la Casa Real y Moncloa y los informes de movilización de las regiones militares. La medida responde al proyecto de Ley de Información Clasificada que el Gobierno aprobó en 2025 para sustituir la legislación franquista de secretos oficiales de 1968.

Las reacciones políticas no se han hecho esperar. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, calificó el anuncio de "cortina de humo" en X, mientras el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, celebra la medida pero la considera "insuficiente" y reclama que se apruebe una nueva ley de secretos oficiales que derogue la "ley infame del franquismo". En la misma línea, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha pedido que a esta desclasificación le sigan otras como la del caso Zabalza o los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz. El secretario general de Junts, Jordi Turull, exige que se desclasifiquen todos los documentos de las "cloacas del Estado", incluyendo los relacionados con el espionaje y el atentado del 17A en Barcelona.

Los archivos que ahora verán la luz ante la opinión pública permitirán conocer con detalle las conversaciones y los entresijos de los aparatos de Estado de aquellas 18 horas en las que la población del Estado español contuvo la respiración. El sumario, al que El País tuvo acceso parcial en 2021, recoge las declaraciones del teniente coronel Antonio Tejero, quien afirmó que el general Alfonso Armada le dijo antes del golpe que "el Rey estaba ya harto de Suárez" y que se había hablado de "la posibilidad de que hubiera alguna acción violenta, a lo que el Rey había dicho que habría que ver la forma de reconducirla". También consta que Tejero compró seis autobuses con dinero de la herencia de su mujer y que Armada se reunió con políticos del PSOE, como Enrique Múgica, en los meses previos.

La desclasificación, sin embargo, no implica la derogación de una ley de secretos oficiales que sigue permitiendo que documentos de especial relevancia permanezcan ocultos bajo llave indefinidamente durante décadas. Se trata de un pequeño paso que podría revelar detalles interesantes, pero queda por ver si este gesto servirá para desenterrar más lagunas del franquismo o si será solo la anésima operación de maquillaje con la que el PSOE trate de anotarse un tanto, mientras el Estado sigue protegiendo sus secretos y sus crímenes.