Documentos hallados en Sidenor vinculan a sus directivos con envíos de acero para obuses a Israel
RESCOP asegura que los correos demuestran que la empresa tenía pleno conocimiento del uso armamentístico y denuncia los intentos de la Fiscalía por bloquear la causa.
La Policía Nacional española registró el pasado 10 de febrero la sede principal de Sidenor en Basauri (Bizkaia) y localizó documentación que evidencia que la empresa tenía pleno conocimiento de que el acero que exportaba a compañías israelíes se destinaba a la fabricación de obuses, según ha informado este miércoles la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel. La entrada se produjo en el marco de una investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional española contra tres directivos de la siderúrgica vasca por presuntos delitos de contrabando y complicidad con geniocidio. De acuerdo con RESCOP, entre los hallazgos figura un correo electrónico impreso encontrado en el despacho de Íñigo Molero, director comercial y uno de los tres investigados.
El documento contiene una tabla con destinatarios del sector armamentístico, entre ellos la empresa israelí IMI Systems LTD, junto a la referencia expresa al suministro de acero para "obuses". En el listado aparece también Israel Weapon Industries como otra de las empresas destinatarias. Se trata de una cadena de comunicaciones —la más reciente fechada el 5 de marzo de 2025— que hace referencia al registro de exportaciones de Sidenor destinadas al sector armamentístico durante 2024. En el listado figuran además otros nueve países y más de veinte empresas del ámbito militar. De confirmarse que dichas exportaciones se realizaron sin autorización administrativa previa ni comunicación a la Junta Interdepartamental Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), los hechos serían calificables como delito de contrabando.
El caso Sidenor es uno de los primeros en el Estado español que vincula exportaciones industriales con delitos contra la comunidad internacional, abriendo la vía para exigir responsabilidades penales a una empresa por suministrar materiales utilizados para fabricar armamento en pleno genocidio contra el pueblo palestino. La Comunitat Palestina de Catalunya, personada en la causa en representación de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, denuncia que la Fiscalía de la Audiencia Nacional está bloqueando, "de manera arbitraria y obstinada", cualquier intento de esclarecimiento de los hechos y la práctica de diligencias clave. Según la acusación popular, el Ministerio Fiscal se opuso a la entrada y registro en la sede de Sidenor y después recurrió la resolución que los había acordado.
La Fiscalía también está tratando de impedir que declare en el procedimiento en condición de víctima una persona palestina que se vio obligada a abandonar la Franja de Gaza con su familia y que actualmente se encuentra en situación de demandante de asilo. El próximo 2 de marzo está previsto que testifique en la Audiencia Nacional, y su comparecencia es clave: los delitos de genocidio y de lesa humanidad, en el derecho penal del Estado español, requieren para su prosecución que se interponga querella por parte de alguna víctima o del Ministerio Fiscal. Si el juez reconoce su condición de víctima, la Audiencia Nacional tendría plenas competencias para juzgar por complicidad con un delito de genocidio a Sidenor y sus altos cargos.
La campaña Fin al Comercio de armas con Israel considera inadmisible que el Ministerio Fiscal trate de impedir el testimonio de una persona palestina desplazada a causa de la intervención militar de Israel en Gaza, donde ya son más de 70.000 personas asesinadas confirmadas desde el 7 de octubre de 2023. A la luz de los nuevos hallazgos, la acusación popular reclama que el procedimiento judicial continúe sin interferencias y que se practiquen todas las diligencias necesarias para determinar la responsabilidad penal de los directivos y de la propia empresa. Exige también que las administraciones públicas excluyan a Sidenor de cualquier contratación y subvención pública hasta que se esclarezcan los hechos, y que la Fiscalía del Tribunal Supremo en Materia de Derechos Humanos asuma los procesos por delitos de lesa humanidad contra el pueblo palestino. Por último, insta al Gobierno español a adoptar medidas efectivas para evitar la complicidad empresarial con el genocidio, entre ellas la tramitación de un embargo integral y real de armas a Israel.
