Los gobiernos de la UE, a un paso de llevar a la Comisión Europea a los tribunales

Los Veintisiete han puesto sobre la mesa una amenaza sin precedentes: llevar a la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE si no rectifica el acuerdo de poder que firmó en septiembre con el Parlamento Europeo. El conflicto, que enfrenta a las tres mayores instituciones comunitarias, tiene su origen en un pacto entre la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, que refuerza el papel de los eurodiputados en la "elaboración de las leyes". Los gobiernos consideran que ese acuerdo les deja en una posición de desventaja y han preparado una carta, a la que ha tenido acceso Politico, en la que exigen cambios y advierten: si no los consiguen, llevarán el caso a los tribunales.

El motivo del conflicto es una lucha por ver quién manda en Bruselas. En la UE, las leyes las propone la Comisión, pero necesitan el visto bueno del Consejo (donde están los gobiernos) y del Parlamento (elegido por los ciudadanos). Tradicionalmente, el Consejo ha tenido más peso, pero el Parlamento lleva años arañando poder. El acuerdo que ahora denuncian los Estados miembro incluye una promesa de la Comisión de dar "trato igualitario" a las dos instituciones durante todo el proceso legislativo. Para los gobiernos, eso es inaceptable porque, según dicen, "los tratados de la UE dejan claro que ellos no son iguales", sino que tienen más competencias que la Eurocámara. "No es el caso", señalan en la carta.

Reproches cruzados

El enfado de los gobiernos tiene consecuencias muy concretas. Por ejemplo, el acuerdo permitiría a los eurodiputados meterse en la negociación de tratados internacionales, como el polémico pacto comercial con Mercosur, donde cualquier discrepancia amenaza con hacer que el acuerdo salte por los aires. Recientemente, el Parlamento lo bloqueó temporalmente después de que los Estados pasaran 25 años negociándolo. También obligaría a la Comisión a pedir permiso a la Eurocámara antes de aplicar provisionalmente acuerdos comerciales, algo que hasta ahora decidía solo el Consejo. Y en caso de emergencia, si la Comisión quiere usar el artículo 122 de los tratados —el que permite saltarse al Parlamento para tomar decisiones rápidas, como ocurrió con el programa de rearme SAFE—, tendría que explicar por qué lo hace, algo que los gobiernos ven como una intromisión en sus competencias.

La Comisión, por su parte, defiende el pacto y niega que haya saltado las reglas. Un portavoz ha asegurado a Politico que el acuerdo "garantiza mayor transparencia, mejor diálogo y ayuda a que las instituciones trabajen juntas", y que "se mantiene dentro de los límites de los tratados". Además, recuerda que "informaron a los gobiernos durante las negociaciones", aunque el Consejo no fuera parte del acuerdo. El negociador jefe del Parlamento, el alemán Sven Simon, ha sido incluso más tajante: "No veo motivo de preocupación alguno ante un posible procedimiento judicial", ha declarado al mismo medio, y ha añadido que los Estados parecen "cada vez más preocupados por detalles de procedimiento que por hacer avanzar a Europa".

El texto definitivo de la carta se aprueba este miércoles en una reunión de embajadores, según ha confirmado la presidencia chipriota del Consejo. Si la Comisión y el Parlamento no ceden, el pulso acabará en el Tribunal de Justicia de la UE, que tendrá que decidir si el reparto de poderes que establecen los tratados se ha roto o no. Mientras tanto, el acuerdo debe ser ratificado por el pleno de la Eurocámara entre el 9 y el 12 de marzo. La amenaza de los gobiernos planea sobre esa votación.