Los papeles del 23F confirman el relato oficial sin grandes sorpresas
La publicación refuerza el mito del rey mientras deja abiertas las preguntas sobre la trama civil y los contactos de Juan Carlos I con los golpistas, mientras la muerte de Tejero marca la jornada.
El Gobierno español hizo públicos este 25 de febrero los 153 documentos clasificados sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, depositados en los archivos de los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores. La desclasificación, autorizada por el Consejo de Ministros al entender que "ya no suponen un riesgo para la seguridad y defensa del Estado", coincidió con el fallecimiento a los 93 años de Antonio Tejero, el teniente coronel de la Guardia Civil que irrumpió a tiros en el Congreso. Los papeles, accesibles desde las 12:00 en la web de La Moncloa, no alteran el núcleo esencial del relato histórico, simplemente aportan detalles operativos, autocríticas de los golpistas y pruebas de la infiltración en los servicios de inteligencia que hasta ahora permanecían ocultas.
Por lo general, los documentos revelados refuerzan la figura del rey Juan Carlos I, aunque aparece en los documentos con un doble registro que alimenta la ambivalencia sobre su papel. Por un lado, los informes refuerzan la versión oficial de su actuación decisiva sobre en intento de golpe de Estado, con transcripciones de llamadas tajantes a Milans del Bosch ("Te ordeno que retires todas las unidades"; "Ni abdicaré ni abandonaré España") y el relato de su mensaje televisado a la 1:23 de la madrugada, así como el respaldo explícito del entonces presidente estadounidense Ronald Reagan. Además, un manuscrito de los golpistas consideraba al monarca "un objetivo a batir y anular" y achaca el fracaso del golpe a "dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuese un caballero".
Pero por otro lado, los papeles también recogen elementos que matizan esa imagen: un informe del CESID de febrero de 1982 titulado "Sobre entrevistas de S.M. el Rey con implicados en el 23-F" señala que en "núcleos cualificados de opinión" se daban por seguras "algunas entrevistas confidenciales y sigilosas" de Juan Carlos I con Milans del Bosch y el general Armada, encuentros que el propio documento admite que, "de no ser ciertos, el rumor es grave, pero en todo caso si fueran de causalidad cierta, también serían graves las ligerezas filtradas". Por otro lado, las dudas sobre los movimientos del monarca en las primeras horas —que siempre han generado sospechas— no quedan disipadas por los documentos.
También se han publicado otra información inédita, que confirma que seis miembros de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID "participaron activamente" en el golpe o que al menos conocían los planes con antelación, y que después urdieron la llamada "Operación Mister" para encubrir su implicación corrigiendo fechas y movimientos. Los papeles revelan además detalles operativos que sugieren que los planes golpistas eran más sangrientos de lo que finalmente ocurrió, con órdenes explícitas de "tirar a matar" en TVE y estimaciones de entre 80 y 110 muertos un hipotético asalto de los GEO al Congreso.
Sin embargo, las primeras lecturas de historiadores y analistas coinciden en que todos estos documentos no suponen un vuelco, ni en el sentido histórico ni documental. La publicación, que a menudo se pierde en detalles, sigue sin desvelar las grandes incógnitas que han persistido durante 45 años. Por ejemplo, falta mucha información sobre la trama civil: empresarios, banqueros o políticos de extrema derecha que supuestamente financiaron o instigaron el golpe, de los que apenas aparece el nombre del civil condenado García Carrés. Tampoco se incluyen los audios originales de las conversaciones intervenidas —solo transcripciones parciales— ni el sumario judicial completo, cuyas 13.000 páginas están custodiadas por el Tribunal Supremo al no estar clasificadas como secretas. Algunos historiadores piden prudencia y lamentan que pueden haberse perdido o destruido documentos clave.
Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Sectores de izquierda como ERC, EH Bildu, Sumar y Podemos califican la desclasificación de insuficiente y reclaman una reforma integral de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 que permita acceder también a documentos sobre episodios como los GAL o el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, que pronto cumple 50 años. Desde el entorno del rey emérito, en cambio, filtran a La Razón que los papeles "no harán más que apuntalar todo lo que ya se sabe", mientras que Vox utiliza el argumento de que la documentación "no desmiente el relato oficial progre". La muerte de Tejero el mismo día de la publicación ha añadido expectación y dramatismo extra a una jornada en la que, pese a algunos detalles inéditos, las grandes incógnitas sobre las complicidades civiles, los contactos previos en altas instancias y la destrucción de pruebas siguen sin respuesta, lo que mantiene vivas las zonas grises para futuras investigaciones y refuerza la demanda de una nueva ley que impida que la historia continúe bajo llave.
