Según el 31º informe anual de la Fundación para la Vivienda de las Personas Desfavorecidas (antigua Fundación Abbé Pierre), publicado a comienzos de febrero y difundido por medios como Le Parisien y AFP, en 2025 vivían 4,2 millones de personas sin vivienda o en situación de infravivienda en el Estado francés . Más de un millón de personas no disponía de alojamiento propio: entre ellas, unas 350.000 personas se encontraban sin domicilio, de las cuales 40.000 dormían directamente en la calle, y otras 600.000 vivían acogidas forzosamente en casas de terceros.

El documento constata que todos los indicadores han empeorado a lo largo del último año. A estas cifras se suman 12,3 millones de personas afectadas indirectamente por la crisis de la vivienda, como hogares con impagos de alquiler, dificultades para pagar los recibos de la electricidad, hacinamiento o viviendas no adaptadas a situaciones de discapacidad. La fundación define 2025 como "un año negro en el frente del mal-alojamiento" y sostiene que "la respuesta política está muy lejos de estar a la altura".

Durante la presentación del informe, el delegado general de la fundación, Christophe Robert, afirmó que "nunca habíamos conocido tensiones de esta magnitud en la lucha contra el mal-alojamiento y la pobreza". Robert denunció además que el año hubiera terminado "sin presupuesto, en un contexto de inestabilidad política y falta de claridad en la acción gubernamental". Por ello, lanzó un llamamiento para "volver a situar la lucha contra la exclusión en el centro de la acción pública". El ministro francés de Vivienda, Vincent Jeanbrun, reconoció por su parte que "la crisis de la vivienda es una crisis social de primer orden".

El informe subraya que todas las ciudades se ven afectadas, aunque de forma desigual. En las zonas más tensionadas aumentan las personas sin hogar, el hacinamiento y las listas de espera para acceder a vivienda social, mientras que en otras áreas se agravan la degradación del parque inmobiliario y la desertificación de los centros urbanos. De cara a las elecciones municipales de marzo, la Fundación para la Vivienda de las Personas Desfavorecidas llamó a los candidatos a "comprometerse con medidas como el control de alquileres, la construcción de vivienda social, la movilización de viviendas vacías o la regulación del alquiler turístico", y considera que los comicios serán un "momento clave en la lucha contra el mal-alojamiento".