El TSJPV anula el despido a una empresa que espió a un trabajador en baja por ansiedad
Los empresarios fisgones fracasan en los juzgados: tendrán que readmitirlo, pagarle salarios atrasados y abonar 15.000 euros por daños morales por represalias tras denuncias previas del empleado.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declara nulo el despido disciplinario de un empleado de un aparcamiento de Donostia (Gipuzkoa), cesado a inicios de 2025 por trabajar como repartidor durante su baja por reacción aguda de estrés, con seguimiento médico por ansiedad desde septiembre de 2024 por una problemática laboral, según informa el Diario Vasco. La empresa contrató un detective privado que espió al trabajador en repartos que realizó durante varios días de incapacidad temporal, acusándolo en la carta de despido de "simular la enfermedad y transgredir la buena fe contractual"; también mencionó "errores prescritos en cobros y registros previos". El Juzgado de lo Social número 3 de Donostia avaló en primera instancia la procedencia del despido por simulación acreditada.
Sin embargo, el TSJPV revoca esa sentencia el 10 de febrero de 2026 y aprecia indicios claros de represalia: el trabajador acumulaba más de quince años sin sanciones, denunció ante la Inspección de Trabajo que requirió a la empresa, y presentó papeleta de conciliación por incumplimientos empresariales para extinguir indemnizado el contrato. La proximidad temporal entre esas acciones legales del empleado y el expediente disciplinario seguido de despido señala que la empresa reaccionó contra el ejercicio legítimo de sus derechos laborales.
El tribunal destaca que la incapacidad temporal estaba amparada por partes médicos oficiales y la empresa no acreditó incompatibilidad entre la actividad de repartir y la patología ansiosa diagnosticada. De hecho, concluye que el despido vulneró la garantía de indemnidad —por responder a reclamaciones del trabajador— y el derecho a no sufrir discriminación por enfermedad. La empresa que mandó a espiarlo debe ahora readmitirlo de inmediato, abonarle los salarios dejados de percibir desde febrero de 2025 y pagar 15.000 euros por daños morales con función reparadora y disuasoria.
Esta sentencia supone un golpe al nuevo artificio discursivo de la patronal sobre el "absentismo", defendiendo los derechos de trabajadores enfermos frente a empresarios fisgones y despidos vengativos.
