Bélgica entierra el paro indefinido y endurece las prejubilaciones con el aval del Tribunal Constitucional
Limita el desempleo a un máximo de dos años y eleva las bases de cotización para prejubilarse, en una reforma que los sindicatos no han paralizado y que el Ejecutivo justifica por la "falta de mano de obra".
Bélgica ha certificado el final de su histórico sistema de prestación indefinida por desempleo después de que el Tribunal Constitucional desestimara el pasado 15 de enero los recursos de anulación presentados por los principales sindicatos del país (CSC, FGTB y CGSLB), según ha informado Noticias Trabajo. La nueva normativa, que ya está en vigor desde el 1 de enero de 2026, limita el cobro de la ayuda a un máximo de 24 meses y endurece las condiciones para acceder a las prejubilaciones, en una de las reformas laborales y de Seguridad Social más drásticas de la historia reciente del país. El viceprimer ministro y titular de Empleo, David Clarinval, celebró el fallo judicial asegurando que la medida es "vital para fortalecer el apoyo al empleo", en declaraciones recogidas por la agencia EFE.
La reforma pone fin a la prestación por desempleo indefinida con un régimen transitorio estructurado en seis "olas" que culminará el 1 de julio de 2027, fecha en la que se estima que ningún desempleado cobrará ya el paro de forma vitalicia. La nueva regla general establece que, si se cumplen las condiciones de acceso, los desempleados tendrán derecho a un mínimo de 12 meses y a un máximo de 24 meses de prestación. Las llamadas "prestaciones de inserción", destinadas a jóvenes o personas con escasa experiencia laboral, también quedan limitadas a 12 meses. Los afectados han sido derivados a los servicios de empleo para buscar trabajo, al CPAS de asistencia social si se quedan sin ingresos, o a las mutuas en caso de enfermedad. Solo se libran de estos límites colectivos muy concretos como artistas, pescadores y mayores de 55 años que acrediten al menos 30 años cotizados.
El gobierno belga también ha endurecido el acceso a las prejubilaciones (RCC), el subsidio que paga la Oficina Nacional de Empleo (ONEM) cuando un trabajador mayor de 60 años reduce su jornada como paso previo a la jubilación. Hasta ahora bastaba con acreditar 25 años de carrera profesional, pero el nuevo real decreto eleva las exigencias de forma progresiva hasta 2030 con una escala diferenciada por género, según recoge el Servicio Público Federal. Los hombres necesitarán tener 31 años cotizados en 2026, cifra que subirá gradualmente hasta 35 en 2030. Las mujeres, por su parte, necesitarán 26 años cotizados en 2026, aumentando hasta 30 en 2030. El gobierno justifica esta diferenciación reconociendo que imponer el mismo tiempo de cotización a ambos géneros crearía una discriminación indirecta contra las mujeres, ya que los datos oficiales de 2024 revelan que el 40,9% de las mujeres trabaja a tiempo parcial frente al 12,4% de los hombres, y seis de cada diez mujeres lo hacen por motivos familiares o de cuidados.
A pesar de la dureza de la medida, el decreto mantiene un atenuante a partir de los 55 años con el requisito de antigüedad de 25 años de carrera para situaciones de especial vulnerabilidad o penosidad. Podrán acogerse a estas condiciones más ventajosas los trabajadores de empresas reconocidas oficialmente en "crisis o reestructuración", quienes ejerzan profesiones penosas, los empleados con 20 años de experiencia en turnos de noche y los trabajadores del sector de la construcción que no puedan mantener físicamente su ritmo laboral.
Los sindicatos, que recurrieron la reforma sin éxito ante el Tribunal Constitucional, han denunciado el perjuicio para los trabajadores, aunque el tribunal consideró que "no se había demostrado un daño grave e irreparable". La reforma responde, según el gobierno federal, a "la necesidad de paliar la falta de mano de obra" y "garantizar la sostenibilidad económica del sistema" en medio del envejecimiento poblacional y la presión sobre las cuentas públicas.
