Al menos 300 muertos más en otro derrumbe minero en la RD del Congo
Casi un millar de víctimas por derrumbes en minas de coltán controladas por el M23 desde enero, donde la extracción para la industria tecnológica se realiza sin medidas de seguridad y con trabajo infantil.
Al menos 300 personas han muerto en un nuevo derrumbe ocurrido el pasado sábado en la zona minera de Rubaya, en la provincia nororiental de Kivu del Norte (República Democrática del Congo), según informó a EFE el coordinador de la sociedad civil de Masisi, Telesphore Nitendike. El deslizamiento, provocado como causa inmediata por las lluvias en la explotación minera de Gakombe, afectó no solo a mineros sino a familias enteras que vivían en los alrededores. "Más de 40 familias fueron arrastradas por estos deslizamientos de tierra, incluidos los propios mineros. Es trágico lo ocurrido, sobre todo porque las labores de rescate no fueron organizadas por especialistas", declaraba Nitendike, quien precisó que se trata de un recuento provisional conservador mientras los cuerpos siguen sepultados entre los escombros.
El siniestro se produce apenas cinco días después de que más de 200 personas, incluidos unos 70 niños, "fallecieran" por otro derrumbe en la misma zona el pasado 3 de marzo, según confirmó el Gobierno congoleño. La mina de Rubaya, que produce aproximadamente el 15% del coltán mundial —mineral esencial para teléfonos móviles, ordenadores y componentes aeroespaciales—, se encuentra bajo el control del grupo mercenario Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda, desde 2024. A finales de enero, otro deslizamiento causó alrededor de 460 "muertos", según fuentes locales, aunque el gobierno cifró en 200 las víctimas. La repetición sistemática de estas masacres obreras evidencia que los mineros trabajan en condiciones extremas sin ninguna medida de seguridad.
Los testimonios de los supervivientes denuncian el oscurantismo de quienes controlan los yacimientos. Ibrahim Taluseke, un minero del lugar, declaró a Associated Press que él mismo había ayudado a recuperar más de 200 cuerpos de sus compañeros tras el derrumbe del 3 de marzo, y denunció que "los propietarios de los pozos no aceptan que se revele el número exacto de muertos". En esa ocasión, un responsable del M23, Fanny Kaj, negó la cifra proporcionada por el gobierno y aseguró que "no hubo deslizamiento", sino "bombardeos gubernamentales" que habrían causado "solo cinco muertos". Sin embargo, el gobierno congoleño ha denunciado un "sistema organizado de saqueo y explotación ilegal" por parte del M23, que obtiene alrededor de 800.000 dólares mensuales mediante el tráfico de coltán hacia Ruanda.
La zona de Rubaya ha sido incluida recientemente en una lista de activos mineros que el gobierno de la RDC ofrece a Estados Unidos dentro de un "acuerdo de cooperación mineral". Mientras las potencias imperialistas negocian el acceso a los recursos estratégicos para sus industrias, los cuerpos de los mineros congoleños, muchos de ellos niños, siguen apilándose sepultados bajo la tierra que ellos mismos excavan. Las autoridades del país impusieron "la prohibición de toda actividad de explotación" por motivos de seguridad antes de que la milicia proruandesa tomara control efectivo del territorio, pero el M23 opera con impunidad y fomenta el caos.
Estos "accidentes" mineros son frecuentes en un país donde la extracción se realiza de manera artesanal sin seguir regulaciones, en condiciones que no difieren mucho de las del Congo belga colonial, mientras las empresas tecnológicas internacionales obtienen beneficios milmillonarios de un coltán extraído a costa de cientos de vidas que solo cuentan con sus manos como medio de vida.
