Europa condena a Italia por restringir el derecho de huelga: victoria de la USB contra la ley que limita las protestas
El Comité Europeo de Derechos Sociales da la razón al sindicato de base y censura la definición abusiva de "servicios esenciales", la obligación de fijar la duración de los paros y las trabas para convocar huelgas cercanas en el tiempo.
El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), órgano del Consejo de Europa, ha condenado a Italia por violar la Carta Social Europea al restringir de forma desproporcionada el derecho de huelga, tras admitir un recurso presentado en 2022 por la Unione Sindacale di Base (USB), según informa Il Manifesto. La sentencia, que no tiene efecto directo en el ordenamiento italiano pero obliga al legislador a modificar la normativa, censura tres aspectos clave de la ley 146/90 que regula las huelgas en servicios públicos considerados esenciales. "Es una victoria importante", celebra el sindicato, que denuncia que estas limitaciones han debilitado el derecho constitucional a la huelga durante más de tres décadas, con la aquiescencia de los grandes sindicatos integrados en el Estado y la complicidad de sucesivos gobiernos de distintos colores.
El CEDS ha declarado ilegítima la excesiva amplitud con que Italia define los "servicios públicos esenciales", un concepto que según el sindicato se ha extendido a sectores que nada tienen que ver con derechos fundamentales de la ciudadanía. Como ejemplo, la USB cita que la Comisión de Garantía ha llegado a incluir el transporte de armas entre las "actividades a proteger", una interpretación extrema que vacía de contenido el derecho de huelga. También han sido censurada la obligación de comunicar con antelación la duración exacta del paro y las normas que impiden convocar huelgas cercanas en el tiempo o en determinados periodos del año, incluso cuando no afectan a servicios esenciales reales. Para el sindicato, estas medidas "han demolido tres pilares de la ley 146" y han sido aplicadas con un celo particular por la Comisión de Garantía, que se ha arrogado funciones parlamentarias para endurecer aún más las restricciones.
No es la primera vez que el CEDS interviene contra Italia en materia laboral. En 2020, el Comité ya había dado la razón a la CGIL contra el Jobs Act, al considerar que la indemnización por despido improcedente no era suficiente y vulneraba la Carta Social. Aquella sentencia abrió la puerta a que numerosos jueces llevaran el caso al Tribunal Constitucional, que acabó desmontando parte del andamiaje legal de la reforma de Renzi. Ahora, los abogados de la USB confían en que esta nueva condena tenga efectos similares y, si el Parlamento no actúa, sean los tribunales ordinarios quienes apliquen directamente la directriz europea. Mientras tanto, la Comisión de Garantía, que ha llegado a bloquear una huelga local por coincidir con un festival gastronómico, deberá reconsiderar su doctrina.
La reacción política no se ha hecho esperar. El diputado del Partido Democrático Arturo Scotto ha anunciado que su grupo impulsará audiciones en la comisión de Trabajo para adecuar la legislación al fallo europeo. Desde el Movimiento 5 Estrellas critican la paradoja de que el gobierno de Giorgia Meloni, en lugar de tomar nota, siga intentando introducir nuevas limitaciones al derecho de huelga. El Ejecutivo, sin embargo, guarda silencio y no responde a las solicitudes de reunión de la USB. La sentencia, recibida como un triunfo por el sindicalismo de base, llega en un momento de creciente conflictividad obrera y será una herramienta útil en movilizaciones contra la guerra y los famosos "decretos de seguridad" que, denuncian, pretenden poner "nuevos bozales" al movimiento de la clase trabajadora.
