El Gobierno moviliza 5.000 millones en rebajas fiscales energéticas

El Gobierno español ha aprobó este viernes "un plan integral de respuesta" a la guerra en Oriente Medio que movilizará 5.000 millones de euros en un primer paquete de 80 medidas, entre las que destaca una “reducción drástica de la fiscalidad energética”. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario, Sánchez detalló que el IVA de los carburantes, la electricidad y el gas natural baja del 21% al 10%, se suspende el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) —que pagan las compañías— y se reduce al mínimo el Impuesto Especial sobre la Electricidad que recae sobre los consumidores. Según el presidente, estas medidas supondrán "un ahorro de hasta 30 céntimos por litro de combustible", unos 20 euros por depósito. El plan también congela el precio del butano y el propano, y extiende hasta final de año los descuentos del bono social eléctrico, al tiempo que refuerza el bono social térmico y promete "prohibir" el corte de suministros esenciales a hogares vulnerables.

El Ejecutivo ha incluido en el decreto mecanismos para "vigilar los márgenes empresariales", una de las exigencias que Sumar logró establecer tras una negociación de última hora. Sánchez anunció que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dispondrá de nuevas capacidades de supervisión y sanción para "perseguir y castigar con dureza" a cualquier empresa que "aproveche esta crisis o las ayudas del Estado para enriquecerse". "Lo que no podemos tolerar es que por pura codicia intenten sacar tajada de esta guerra", afirmó el presidente, aunque en su comparecencia no entró en detalles sobre cómo se articulará ese "control de márgenes", un punto al que el PSOE se había mostrado reticente previamente. Fuentes de Sumar confirmaron que la medida busca "impedir que la rebaja de impuestos termine engrosando beneficios extraordinarios no justificados".

El plan incorpora ayudas directas a sectores concretos: los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores recibirán una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible hasta el 30 de junio, abonada por la Agencia Tributaria, y una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes. Para la industria electrointensiva, el Gobierno bonificará en un 80% los peajes eléctricos, lo que, según sus cálculos, "supondrá un ahorro de 200 millones de euros". Además, se recuperan deducciones fiscales para la compra de vehículos eléctricos —una de las medidas que decayó al no convalidarse el anterior decreto ‘ómnibus’— y se establecen "incentivos al autoconsumo", "las comunidades energéticas" y "las bombas de calor". En materia laboral, el decreto promete prohibir los despidos en empresas beneficiarias de ayudas públicas, tal y como había avanzado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Antes de la aprobación de las medidas los cinco ministros de Sumar escenificaron un "bloqueo", donde aseguraban que se negarían a entrar al Consejo de Ministros si el PSOE no aceptaba incluir un paquete de vivienda. Finalmente, el Gobierno optó por dividir la norma en dos piezas de Real Decreto Ley. La segunda, que aún carece de fecha para su convalidación en el Congreso, recoge la "congelación temporal de los precios del alquiler" y "la prórroga de los contratos que vencen este año y el próximo durante un máximo de dos años", dos medidas que el Ejecutivo ya había intentado sacar adelante sin éxito. Sin embargo, el propio Sánchez reconoció que este segundo decreto no cuenta hoy con los apoyos parlamentarios suficientes —PNV y Junts ya habían advertido que no respaldarían un nuevo texto ‘ómnibus’—, pero afirmó que "trabajará para conseguirlos". "Las primeras réplicas de este terremoto son gravísimas", señaló el presidente, atribuyendo la crisis a “tres países que han decidido ir a una guerra ilegal”, en alusión a Estados Unidos, Israel y sus aliados en la ofensiva contra Irán.