Armas de la policía terminan “misteriosamente” en manos de narcos

A principios de marzo, la Policía Nacional española anunciaba la incautación de un “narcozulo” en un bosque de Marbella (Málaga, Andalucía) con 1.056 kilos de cocaína. El comunicado oficial, recogido por Euronews, destaca el volumen de droga, pero también el hallazgo de “material policial utilizado para realizar vuelcos —el robo entre criminales— como subfusiles y chalecos policiales”. La nota no explicaba cómo habían llegado esos objetos a manos de los narcotraficantes.

No era la primera vez. En la Nochevieja de 2024, una comisaría de Els Poblets (Alacant, País Valencià) fue desvalijada: ocho pistolas y munición desaparecieron. En Iruñea (Nafarroa), un arma de un alto mando y una placa "desaparecieron" el 30 de noviembre de la comisaría de la Policía Nacional española, ante un silencio atronador del cuerpo sobre las investigaciones. En mayo de 2023, en Lantejuela (Sevilla, Andalucía), "unos ladrones" se llevaron todas las armas y un lote de estupefacientes incautados. En la "comisaría más segura de España", el macrocentro de Canillas en Madrid, un menor de 17 años burló en junio de 2022 los muros, las cámaras y el sistema de alarma, reventó las taquillas del armero y se llevó dos pistolas. Nadie dio la voz de alarma hasta horas después, cuando el chico ya había sido detenido con las armas encima.

Los robos se repiten en comisarías pequeñas de todo el territorio, pero también en las grandes. Ana Alarcón, portavoz del lobby Sindicato Unificado de Policía (SUP), señala que, pese a la facilidad de acceso en los pueblos, el caso de Canillas demuestra que el problema es sistémico. “Estas armas son muy jugosas porque son fiables. En el mercado ilegal pueden tasarse entre 1.500 y 3.000 euros”. Las bandas especializadas, los “butroneros” o los “aluniceros” buscan este tipo de material táctico. Pero el negocio no siempre viene de fuera. A veces, los que vigilan los arsenales son los mismos que los vacían.

El juez dictamina que los agentes “actuaban como una organización criminal”

Las mafias narcopoliciales llegan hasta lo más alto de las cúpulas de los cuerpos. El pasado diciembre fue detenido Luis Fernández, jefe de Estupefacientes en Valladolid, acusado de encabezar una red que traficaba con la droga que él mismo incautaba. Paralelamente, seis agentes integrantes de otro "caso aislado" de la misma unidad en Mérida (Badajoz, Extramadura) están siendo juzgados por traficar con sustancias decomisadas y por robar en las casas de los narcotraficantes durante las redadas. “El grupo actuaba como una organización criminal en la que todos los integrantes participaban de manera concertada”, dictaminó el juez en su auto. Recientemente las autoridades han aportado unos pocos datos que permiten entrever la magnitud mínima del problema: solo entre 2021 y 2025 han sido arrestados o procesados 106 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil por narcotráfico.

256 armas "perdidas" entre 2007 y 2007

Las cifras oficiales apenas muestran la punta del iceberg: entre 2007 y 2017, los cuerpos policiales españoles “perdieron” 256 armas, según datos obtenidos por Civio a través de la Ley de Transparencia. Casi dos tercios correspondían a la Guardia Civil. Pero los informes no suelen desglosar si las armas fueron robadas, vendidas o entregadas por agentes. A pesar de la gravedad de la cuestión, el Sistema Estadístico de Criminalidad ni siquiera contempla una categoría para los crímenes cometidos contra la propia Policía, como robos en sus dependencias o corrupción interna. Sin embargo, internacionalmente existen reportes que indican las tasas de delincuencia per cápita son más altas entre los policías.

Desvío de armamento legal

Las armas que no se pierden en comisarías salen por otras vías. En junio de 2025, la Guardia Civil detuvo a un grupo en Murcia dedicado a desviar armamento del mercado legal al ilegal mediante la complicidad de personas con licencia para adquirir armas. La operación condujo a otro grupo similar en Granada (Andalucía), donde se incautaron 11 armas de fuego y una galería de tiro subterránea. En el Estado español hay 1.444.368 personas con licencia de armas, muchos de ellos agentes de diferentes cuerpos policiales y militares. Andalucía lidera con 318.682, más del doble que Catalunya y Madrid juntas. Castilla y León y Castilla-La Mancha, con poblaciones muy inferiores, tienen cifras homologables, algo que el Anuario de Estadística Forestal explica por la alta concentración de licencias de caza. Los expertos señalana que la frontera entre la caza y el narcotráfico es muy permeable.

Armas 3D

A este panorama se suma la fabricación de armas 3D, cuya trazabilidad es casi nula. La primera pistola tridimensional, la Liberator, se fabricó hace 13 años por un grupo de estudiantes aficionados a las armas de la Universidad de Texas. Sus planos generaron 100.000 descargas en su primera semana. Entre 2017 y 2024, tres de cada 100.000 españoles tuvieron acceso a este tipo de armamento, según Forensic Science International. Aunque la munición 3D aún no permite una fabricación tan sencilla como la de las armas, el Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización del King’s College de Londres advierte que los principales creadores y usuarios de armamento 3D en el mundo son neonazis o miembros de formaciones de extrema derecha. El mismo espectro político que hoy crece en las calles y en las instituciones españolas.

Preguntas incómodas

En el Estado español, casi como en el resto del mundo, el 85% de las armas están en manos civiles, el 13% en arsenales militares y solo el 2% bajo control policial. Curiosamente, se percibe que dentro de ese 2% que promete "hacer cumplir la ley" desvía armas hacia el mercado negro y se ve confiesamente incapaz de controlar sus arsenales. La pregunta, por tanto, no es solo quién roba las armas, sino quién permite que las sigan robando y por qué.