Todos los partidos pactan camas elevables obligatorias para aliviar a las camareras de piso en Canarias, excepto Vox
Modifican la Ley de Ordenación del Turismo para imponer camas elevables y carros motorizados en hoteles y apartamentos, mientras Vox se alinea con la patronal.
Todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Canarias, con la única excepción de Vox, han alcanzado un acuerdo para introducir la obligatoriedad de camas elevables y carros motorizados en los establecimientos turísticos del archipiélago, según informa elDiario.es. La medida forma parte de la modificación de la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo, cuyo dictamen se votará este miércoles. La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno canario, Jéssica de León, anunció el acuerdo en una comparecencia para abordar los datos de siniestralidad laboral, y agradeció el respaldo de los grupos negociadores salvo el del partido fascista.
Las nuevas disposiciones afectan a establecimientos hoteleros, extrahoteleros y determinados complejos de vivienda vacacional. Las camas elevables y los carros motorizados se incorporan como medidas de prevención de riesgos laborales destinadas a reducir la carga física que soportan las camareras de piso, un colectivo con altas tasas de bajas por problemas musculoesqueléticos por manipular miles de colchones, ropa de cama y mobiliario en su trabajo. “Es una gran noticia para el parlamentarismo que nos pongamos de acuerdo en lo fundamental”, declaró De León, quien subrayó que el consenso alcanzado “desde las diferencias” no es habitual en el contexto político actual.
La patronal se queja: “Es una pistola en el pecho para pequeñas empresas”
La patronal Asociación Hotelera y Extrahotelera de Canarias (AHI), que reúne a varios de los grupos hoteleros más ricos del Estado español, ha mostrado su rechazo a la obligatoriedad de las inversiones que conlleva la medida. “Es una pistola en el pecho para pequeñas empresas”, dramatizaron los empresarios, según recoge elDiario.es. Las pequeñas y medianas empresas hoteleras alegan que “la adecuación de las instalaciones supondrá un coste que consideran inasumible sin ayudas públicas”, en un sector que en las islas concentra una parte significativa de la actividad económica y del empleo, caracterizado por una alta estacionalidad y una elevada rotación de personal.
El acuerdo parlamentario supone un avance parcial en la mejora de las condiciones laborales de un colectivo que ha protagonizado numerosas huelgas y movilizaciones en los últimos años para denunciar la sobrecarga de trabajo, la falta de personal y los riesgos para la salud. Mientras Vox se posiciona en contra de la regulación que protege a las trabajadoras, la patronal del sector sigue presionando.
