Consumo recuerda la prórroga obligatoria de alquileres a 13 empresas mientras les permite acaparar más de 100.000 viviendas
El Gobierno español envía una “petición” a fondos e inmobiliarias recordándoles que tienen que cumplir la ley, sin tocar el enorme stock de pisos ni limitar su capacidad de acaparar más.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha remitido este lunes una comunicación formal a 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión que acumulan más de 100.000 viviendas en el Estado español para recordarles que están obligados a prorrogar los contratos de alquiler en los supuestos previstos por el real decreto-ley aprobado el 20 de marzo, según informa elDiario.es. La Dirección General de Consumo instó a estas entidades a “adaptar de inmediato sus procedimientos internos” para garantizar el cumplimiento de la normativa, que afecta a los arrendamientos de vivienda habitual que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, siempre que los inquilinos soliciten expresamente la prórroga. El departamento que dirige Pablo Bustinduy enmarca esta actuación en el paquete de respuesta del Gobierno al impacto económico derivado de la guerra en Irán.
La norma introduce una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que podrá extenderse hasta un máximo de dos años adicionales mediante renovaciones anuales, manteniéndose intactas las condiciones contractuales vigentes. Según el Ministerio, este mecanismo configura “un nuevo derecho” para los inquilinos, de modo que la solicitud de prórroga deberá ser aceptada obligatoriamente por los arrendadores. Sin embargo, el gesto del Ejecutivo se limita a exigir el cumplimiento de una ley puntual que puede ser próximamente rechazada en el Congreso, y no aborda el problema de fondo: que 13 empresas puedan concentrar más de 100.000 viviendas, lo que les otorga un poder inmenso sobre el mercado del alquiler y sobre las condiciones de vida de cientos de miles de familias.
La aprobación del decreto no estuvo exenta de tensiones dentro del Ejecutivo. Según la misma fuente, los ministros de Sumar condicionaron el inicio de un Consejo de Ministros extraordinario a que se incluyera esta incierta prórroga, que finalmente quedó fuera del decreto anticrisis de carácter fiscal –ya convalidado– y se articuló en una norma independiente aún pendiente de ratificación parlamentaria. En paralelo, tanto Bustinduy como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, animan a los inquilinos a solicitar la prórroga con mensajes públicos más propios de sindicalistas de vivienda que de ministros del gobierno. Mientras tanto, su Ejecutivo sigue sin tocar el negocio de los grandes fondos ni proponer medidas estructurales mínimas como limitar el número de viviendas por propietario o expropiar pisos vacíos.
El hecho de que el Ministerio tenga que recordar a los magnates inmobiliarios una obligación legal recién aprobada vuelve a poner en evidencia que estos actores que enriquecen con el negocio del alquiler no tenían intención de cumplirla voluntariamente. Pero la paradoja es que el mismo gobierno que les pide esa prórroga les permite seguir acumulando viviendas sin límite, otorgándoles un poder económico, social y político fáctico. Mientras los inquilinos viven con la incertidumbre y el miedo de un decreto que puede caducar, los grandes tenedores –Blackstone, Cerberus, Goldman Sachs, entre otros– concentran miles de pisos y marcan los precios del mercado. La amable comunicación de Consumo es un recordatorio, no una sanción. Y el gobierno, que dice defender a los inquilinos, no pone en cuestión el oligopolio de la vivienda. Les recuerdan la ley, pero no les quitan las llaves del negocio.
