El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido premiar a su cúpula con un aumento de sueldo financiado con dinero que estaba destinado a los funcionarios del organismo. Según revela la Cadena SER, la presidenta Isabel Perelló y los veinte vocales se repartirán 50.000 euros adicionales que el Consejo ha sacado de una bolsa de 1,6 millones de euros. Ese dinero se había presupuestado originalmente para pagar salarios básicos, complementos y cubrir vacantes de los funcionarios que hacen funcionar la institución en el día a día, pero que finalmente no se llegaron a utilizar para ese fin.

Esta mejora en las nóminas de los jefes de los jueces no es precisamente modesta. Los miembros más veteranos del Consejo verán cómo sus ingresos brutos crecen en más de 800 euros cada mes. Este extra se suma a unos salarios que ya son de privilegio: la presidenta percibe 155.000 euros anuales y el resto de vocales cobran 134.000 euros al año. El aumento se justifica como una "actualización" de un complemento por antigüedad que no se tocaba desde el año 1998, pasando de 522 a 835 euros mensuales.

La maniobra es el resultado de un pacto directo entre los vocales elegidos a propuesta del PP y del PSOE. Ambos bloques se pusieron de acuerdo el pasado mes de septiembre para sacar adelante esta medida casi al inicio de su mandato. El acuerdo se cerró de forma discreta, sin que el Poder Judicial informara a la opinión pública ni actualizara estos datos en su portal de transparencia, donde medio año después sigue apareciendo la información antigua.

En la votación del pleno, la propuesta recibió 18 votos a favor. Solo hubo tres votos en blanco: el de la propia presidenta Perelló y los de las vocales Inés Herreros y Esther Erice. Perelló, a pesar de ser una de las beneficiadas por su larga trayectoria de 40 años en la carrera judicial, dejó escrito en el acta que esta subida de sueldos para los altos cargos "no era un asunto prioritario" para la institución.

Mientras que para los vocales el incremento es de cientos de euros al mes, para el resto de jueces y fiscales que trabajan como funcionarios en el Consejo la subida es de 62,8 euros mensuales por cada trienio. Los datos oficiales de 2025 muestran que el órgano de gobierno de los jueces prefirió recortar 750.000 euros del presupuesto total de personal antes que renunciar a este trasvase de fondos públicos hacia las rentas más altas de la judicatura. Por tanto, pese al secretismo empleado, se trata de una “actualización” y una redistribución interna perfectamente legal, no de una creación de gasto nuevo.