La represión de la protesta creció un 66,7% en 2025, con la solidaridad con Palestina como principal objetivo
El informe de 'Defender a quien Defiende' sitúa ha contabilizado 380 casos, 1.956 vulneraciones y 1.771 personas afectadas en el Estado español, con el antifascismo como foco emergente.
La plataforma Defender a quien Defiende (DqD) publicó este mes su informe anual sobre el derecho a la protesta en el Estado español correspondiente a 2025, elaborado con el apoyo de CIVICUS y a partir de los datos del observatorio Red Malla. El documento, coordinado por Alba Llucià y Bernat Aragó (Instituto Novact de Noviolencia), revela que los casos de vulneraciones del derecho a la protesta aumentaron un 66,7% respecto a 2024 y se duplicaron con creces en comparación con 2023. En total se sistematizaron 380 casos, 1.956 vulneraciones y 1.771 personas afectadas. El informe advierte que “la represión se intensifica y lo hace de manera más visible y más sistemática”, operando a través de la vía penal (investigaciones, imputaciones, procesos judiciales) y de la vía administrativa o “burorrepresión” (sanciones, multas, identificaciones, restricciones de espacios).
Los tres grandes ejes de movilización más castigados fueron la solidaridad con Palestina (94 casos, 24,7% del total), la vivienda y okupación (67 casos, 17,6%) y el antifascismo (61 casos, 16%), siendo este último una novedad respecto a años anteriores, cuando su presencia registrada anteriormente era más residual. La lucha por la vivienda consolidó su centralidad en un contexto de crisis agravada de la vivienda, mientras que el ecologismo descendió notablemente, atribuible según DqD al “chilling effect” derivado de la campaña represiva sufrida por ese movimiento en 2022 y 2023.
El análisis de las vulneraciones muestra un cambio en el perfil represivo: en 2025 adquieren mayor peso las intervenciones contra la integridad física y moral (147 casos, 419 personas afectadas) y las detenciones (76 casos, 324 personas afectadas), que concentran más de un tercio de las vulneraciones. En el movimiento de solidaridad con Palestina se documentaron 115 detenciones, 118 vulneraciones a la integridad física y moral, 46 identificaciones y 39 sanciones económicas, muchas de ellas bajo la Ley 19/2007 contra la violencia en el deporte durante las protestas contra La Vuelta Ciclista.
El informe destaca el uso desproporcionado del gas pimienta por parte de los Mossos d’Esquadra en las protestas de octubre, así como la reaparición de balas de goma por parte de la Policía Nacional española. Los cuerpos policiales fueron responsables del 54,5% de las vulneraciones (con Mossos d’Esquadra y Policía Nacional a la cabeza), pero los actores privados (empresas de desocupación, asociaciones ultracatólicas) representan ya el 19,2%, y la judicialización mediante macrocausas y SLAPPs continúa al alza. Se destaparon tres nuevos casos de infiltración policial prolongada en movimientos sociales, entre ellos el de una agente que se hizo pasar por palestina durante dos años bajo la identidad de Belén Hammad Gómez.
El informe también analiza diez años de aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza), que ha acumulado cerca de dos millones y medio de sanciones. Los artículos 36.6 (desobediencia) y 37.4 (faltas de respeto) concentran entre el 25% y el 35% del total anual de sanciones, y el informe denuncia que su formulación amplia ensancha la discrecionalidad policial y tiene un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión, la reunión pacífica y la protesta social. DqD subraya que la reforma actualmente en tramitación parlamentaria (impulsada por PSOE, Sumar, EH Bildu y PNV) no elimina las infracciones más utilizadas para reprimir la protesta ni aborda la prohibición del perfilamiento racial, y califica el décimo aniversario de la ley como “el reflejo de una profunda controversia no resuelta”.
El documento finaliza con un capítulo de recomendaciones que incluye derogar los preceptos más lesivos de la Ley Mordaza, prohibir el uso de balas de goma y proyectiles de foam, crear un mecanismo externo e independiente de control policial, reformar la ley de secretos oficiales para garantizar la rendición de cuentas en casos de espionaje y reconocer explícitamente el racismo institucional como problema estructural.
