El periodista berlinés Hüseyin Doğru, incluido en las listas de sanciones administrativas de la Unión Europea desde mayo de 2025, se enfrenta a quedarse sin hogar junto a sus tres hijos y su esposa después de que el Tribunal Local de Frankfurt del Meno desestimara su solicitud de emergencia para que su banco, Comdirect, procesara transferencias básicas para pagar el alquiler y los suministros, según informa el diario Berliner Zeitung. Doğru afirma que la razón real de las sanciones irregulares impuestas desde Bruselas no tiene nada que ver con Rusia –la justificación oficial– sino con su actividad periodística a favor de Palestina y su trabajo denunciando la complicidad de Europa en el genocidio. “Mi mujer ha sido colocada en una posición sancionada de facto a pesar de no estar sancionada ella misma. No podemos recibir dinero. No podemos pagar el alquiler. No podemos comprar comida”, declaraba en su cuenta de X. El periodista, que trabajó para el medio Redfish financiado por el canal ruso Ruptly, aunque afirma que rescindió su contrato tras el inicio de la Operación Militar Especial en Ucrania en 2022, rechaza las acusaciones de la UE y asegura que no se ha presentado ninguna prueba pública de su presunta vinculación con Moscú.

El tribunal falló que el banco no está obligado a liberar los fondos congelados porque Doğru “no demostró que las transferencias planificadas sirvieran para satisfacer necesidades básicas”. El fallo establece que, aunque las consecuencias para el afectado sean graves, ello es “inherente a la naturaleza del asunto” dado que está sujeto a medidas restrictivas, impuestas sin juicio y desde la UE. A pesar de que el Banco Federal alemán autorizó a Doğru a utilizar 506 euros al mes para necesidades básicas, esa cantidad es claramente insuficiente para mantener a una familia de cinco personas y no puede disponer libremente ni siquiera de ese importe. La situación ha derivado en procedimientos de cobro de deudas y amenazas de embargo. “El riesgo de terminar en la calle con tres hijos ya no es un temor abstracto, sino una amenaza concreta”, afirma en sus redes sociales, donde adjunta los documentos que indican su situación administrativa excepcional para un ciudadano europeo.

“Muerte civil de facto”

Dos destacadas juristas, Ninon Colneric –antigua jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea– y Alina Miron –experta en derecho internacional–, elaboraron un dictamen presentado el otoño pasado en el Parlamento Europeo en el que califican las sanciones como una “muerte civil de facto”: los activos quedan congelados, se bloquea el acceso a los servicios bancarios y se paraliza casi por completo la capacidad económica de actuación. Las expertas critican especialmente que las sanciones se impongan sin control judicial previo y sin conceder a los afectados una audiencia antes de ser incluidos en las listas. Además, advierten de un efecto disuasorio sobre la libertad de prensa. El periodista y economista griego Yanis Varoufakis calificó el caso de Doğru como “una elevación del fascismo a un plano superior”.

La UE, que se presenta a sí misma como “defensora de los derechos humanos y la libertad de expresión”, aplica en la práctica un régimen sancionador irregular sin control judicial que destruye la vida de un periodista que se dedica a denunciar el genocidio en Palestina e informar sobre movimientos antiimperialistas y revolucionarios del mundo. Doğru, que ha perdido el acceso a su cuenta bancaria, no puede pagar el alquiler, no puede comprar comida y enfrenta procedimientos judiciales por deudas que no puede saldar, todo ello sin juicio y sin que se le haya presentado prueba alguna de las acusaciones.

Ahora es su esposa quien sufre las mismas restricciones sin ni siquiera estar formalmente sancionada. Mientras la UE financia la maquinaria de guerra israelí, utiliza las sanciones administrativas para castigar a quienes informan sobre los crímenes de Israel. Juristas que han seguido el caso denuncian que las medidas de excepción que ha adoptado la UE contra Doğru son el espejo de una Europa que ha abandonado cualquier pretensión de defender los derechos fundamentales. El periodista denuncia que su sindicato y la mayoría de asociaciones de periodistas guardan silencio. Por ello, ha hecho un llamamiento internacional a presionar a los cargos políticos.