Sánchez y Robles mienten: el Gobierno mantiene contratos armamentísticos millonarios con Israel
El Ministerio de Defensa español recurre a maniobras administrativas, excepciones legales, opacidad y desinformación para eludir el "embargo militar" a Israel, según el Centre Delàs.
Tras seis meses de vigencia del Real Decreto-ley 10/2025, la normativa presentada por el Gobierno español como un "blindaje" contra la complicidad en el genocidio en Gaza se revela como una herramienta de escaso impacto real. A pesar de la retórica oficial, el último informe del Centre Delàs d’Estudis per la Pau denuncia que el Ministerio de Defensa ha recurrido a estrategias de opacidad y desinformación para ocultar que los principales contratos millonarios con empresas del Estado sionista siguen plenamente vigentes.
El engaño de las anulaciones: contratos vivos tras la fachada administrativa
A pesar de la retórica oficialista, el Ministerio encabezado por Margarita Robles no ha anulado los contratos adjudicados a la industria militar israelí desde el 7 de octubre de 2023. El informe destaca que el Gobierno español ha recurrido a maniobras engañosas en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde se limitó a anular los "anuncios de adjudicación" y no los contratos en sí mismos. Jurídicamente, esta acción no implica el desistimiento ni la resolución de los acuerdos, lo que permite que proyectos como los misiles Spike LR2 (287 millones €), el sistema lanzacohetes SILAM (697 millones €) y el Acuerdo Marco POD Designador (207 millones €) continúen su curso, sumando un total de 1.192 millones de euros en manos de empresas israelíes.
El falso "Plan de Desconexión" tecnológica
La denominada "política de desconexión" de la tecnología militar israelí, anunciada por la ministra Margarita Robles, carece de cualquier soporte documental público que acredite su existencia o eficacia. El Ministerio de Defensa se ha visto obligado a admitidr, tras solicitudes de acceso a la información por parte de los investigadores, que no existe un documento escrito que recoja tal plan, lo que impide fiscalizar qué componentes de patente israelí siguen integrándose en las capacidades militares españolas. Esta falta de transparencia se agrava con la entrega en diciembre de 2025 de 30 unidades del vehículo Dragón VCR 8x8, un programa que utiliza blindaje, radios y sistemas de protección de empresas israelíes como Plasan y Elbit Systems, sin que se haya aclarado si estas unidades mantienen dicha dependencia.
Excepciones para proteger los beneficios empresariales
Más allá de la opacidad, el Gobierno también admite abiertamente que hace "excepciones" en la compraventa de armamento con Israel. Para ello, ha comenzado a utilizar la "cláusula de excepción" del Real Decreto-ley para priorizar los intereses de las grandes corporaciones armamentísticas frente a la "protección de los derechos humanos" y la "legalidad internacional" que dice defender. En diciembre de 2025, el Consejo de Ministros autorizó la importación de material militar israelí para proyectos liderados por Airbus, justificando la medida por el "potencial industrial y exportador" y la supuesta "salvaguarda de empleos". Esta decisión permite que componentes de empresas como Elbit Systems y ELTA se sigan integrando en aeronaves como el A400M, el C295 o el dron SIRTAP, consolidando al Estado español como un eslabón necesario más en la cadena de beneficios y muerte de la industria bélica de Israel.
