Misión Artemis II: la nueva carrera espacial de la NASA para colonizar la Luna
La agencia acelera plazos y prioriza un asentamiento permanente antes de 2028 para convertir el satélite en una reserva extractiva donde Musk y Bezos compiten por la subcontratación.
El lanzamiento de la misión Artemis II el 1 de abril de 2026 desde el Kennedy Space Center ha supuesto un pequeño paso para el ser humano, pero un gran paso para el capital. Jared Isaacman, empresario de la aviación militar nombrado director de la agencia a finales de 2025 por Donald Trump tras ser impulsado por el oligarca Elon Musk, ha tomado el mando de una operación que ha llevado a cuatro astronautas a la órbita lunar.
Sin embargo, el éxito técnico de la misión —que según informa il Manifesto depende de un escudo térmico que ya mostró debilidades en pruebas anteriores— es secundario frente al cambio de estrategia impuesto: Isaacman ha pausado el proyecto de la estación orbital “Gateway”, un punto de seguridad para los trasbordos, para priorizar un aterrizaje directo y la construcción de una base en el suelo lunar, asumiendo mayores riesgos técnicos para acelerar los plazos.
Esta aceleración responde a la voluntad de la administración de Donald Trump de utilizar la Luna para la extracción de recursos naturales, un objetivo que desafía el Tratado Internacional sobre el Espacio Extra-atmosférico. Según este marco jurídico, los cuerpos celestes son patrimonio de la humanidad y se prohíbe en ellos cualquier instalación propietaria o militar. Moriba Jah, profesor de ingeniería aerospacial y “ambientalista espacial”, denunció en la revista Nature que “la Luna no pertenece a los países que pueden permitirse llegar a ella”, señalando la ilegalidad de las pretensiones estadounidenses de establecer soberanía sobre el satélite para fines comerciales; algo redundante si se observa la lista de las ilegalidades internacionales que ha cometido la administración Trump solo en los últimos dos años.
Además, la estructura de la misión Artemis evidencia una transferencia masiva de fondos públicos hacia el sector privado. Mientras que la NASA se encarga de la financiación, el desarrollo de los aterrizadores y la tecnología de superficie ha quedado en manos de SpaceX (Elon Musk) y Blue Origin (Jeff Bezos), junto a otras corporaciones como Boeing o Lockheed Martin, estrechamente ligadas al complejo militar-industrial genocida de EEUU e Israel. La dependencia es tal que la agencia ha externalizado por primera vez el módulo de servicio —un componente crítico para el aire, el agua y la electricidad de los astronautas— a la multinacional Airbus. Esta red de subcontratas ha generado graves problemas de seguridad; una investigación interna sobre la cápsula Starliner de Boeing calificó sus fallos de 2024 como un “incidente de tipo A”, el nivel de gravedad máximo, revelando ocultación de información y conflictos entre la agencia y la empresa.
Carrera espacial
En la superficie, el conflicto se traslada al control del Polo Sur lunar, zona rica en recursos estratégicos que también interesa a China. El gobierno chino mantiene un programa centralizado y estatal que prevé su propia misión lunar para 2030, lo que ha empujado a la NASA a pisar el acelerador para no perder su hegemonía. Así, Isaacman y Trump han optado por recortar pasos intermedios de seguridad para intentar alcanzar la superficie en 2028. El informe de il Manifesto destaca que la actual misión Artemis II, aunque tripulada, solo servirá para “testar maniobras”, mientras la seguridad de los astronautas sigue supeditada a unos intereses empresariales que priorizan el prestigio político, los grandes anuncios y la acumulación de materias primas.
