La oligarquía ultraconservadora cuadruplica su inversión en Europa para impulsar la agenda global 'antiderechos'
Más de 1.180 millones de dólares destinados entre 2019 y 2023 a ganar influencia institucional y revertir conquistas sociales, advierte el informe 'The Next Wave'.
La ofensiva de los grupos de presión de corte fundamentalista religioso contra los derechos fundamentales en Europa ha alcanzado una escala financiera considerable. Según el informe The Next Wave elaborado por el Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF), al que ha podido acceder DIARIO SOCIALISTA, una estructura transnacional de organizaciones ultraconservadoras movilizó al menos 1.184 millones de dólares en apenas cinco años. La cifra consolida una tendencia de profesionalización y expansión política que busca acelerar la destrucción de derechos mediante la "infiltración en partidos, tribunales y centros de producción de conocimiento".
La arquitectura financiera de esta ofensiva política se apoya en tres grandes pilares materiales: los fondos de multimillonarios del nacionalismo cristiano estadounidense, las fortunas de la clase oligárquica rusa y una creciente red de fundaciones y dinero público en la Unión Europea. Hungría se sitúa a la cabeza del gasto en el continente con 172,2 millones de dólares, seguida de Francia (165,7 millones), Reino Unido (156 millones) y Polonia (90,7 millones). En el Estado español, el bloque de asociaciones y plataformas de agitación como CitizenGO y HazteOir gestionó al menos 66,4 millones de dólares, una cifra que el informe considera infravalorada por la falta de transparencia de estas entidades
Financiación de EEUU
La injerencia de grandes capitales estadounidenses en la soberanía jurídica de los países europeos se ha consolidado como un factor determinante para acelerar ese proceso de destrucción de derechos civiles y políticos. El dossier señala que solo las organizaciones de la derecha cristiana de EEUU transfirieron 104,3 millones de dólares a sus filiales y redes de influencia en Europa entre 2019 y 2023. El documento identifica a Alliance Defending Freedom (ADF) y el European Center for Law and Justice (ECLJ) como los principales vehículos de esta exportación de capital con fines directamente ideológicos, cuyo objetivo es litigar sistemáticamente contra las leyes de interrupción voluntaria del embarazo y la educación sexual en las escuelas públicas.
El flujo de dinero hacia el continente europeo proviene de un complejo conglomerado de donantes anónimos y fundaciones vinculadas a las élites económicas más conservadoras de Estados Unidos. El informe señala directamente a familias multimillonarias como los DeVos (vinculados al sector educativo privado y contratistas militares), los Koch (del sector petroquímico) y los Uihlein (magnates del embalaje industrial). Estos sectores del capital inversor utilizan estructuras de "fondos asesorados por donantes" (DAF) para tapar la pista del dinero, permitiendo que fortunas acumuladas en sectores industriales intervengan en la política social europea sin rendir cuentas ante la opinión pública.
Una de las piezas clave en esta estructura de poder estadounidense es el proyecto Ziklag, una red secreta de empresarios millonarios que, según el informe, buscan el "dominio cristiano" sobre instituciones estratégicas de la justicia y la economía. Ziklag opera como un nodo de coordinación donde la alta burguesía estadounidense alinea sus recursos para financiar la "guerra legal" (conocido como lawfare) en tribunales internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El objetivo declarado de estos grupos es desmantelar el consenso sobre los derechos humanos para sustituirlos por marcos jurídicos basados en preceptos religiosos, lo que garantiza un control social mucho más previsible, rígido y funcional a sus intereses económicos.
Fondos rusos
El despliegue financiero de las élites rusas para intervenir en la política social europea ha experimentado una aceleración drástica coincidiendo con la guerra en Ucrania. Según los datos del EPF, los flujos de capital provenientes de Rusia destinados a lobbies anti-derechos alcanzaron los 86,7 millones de dólares anuales en 2022. La investigación identifica a dos figuras centrales de la élite económica rusa como los principales arquitectos de este drenaje de recursos: Konstantin Malofeev y Vladimir Yakunin. Malofeev, magnate del sector de las telecomunicaciones y los medios de comunicación, opera a través de la St. Basil the Great Charitable Foundation y el conglomerado mediático Tsargrad, herramientas que el informe califica como "factorías de influencia" dedicadas a criminalizar a la población LGBTQ+ y a presionar a gobiernos europeos para que restrinjan el acceso al aborto. Por su parte, Yakunin, exdirector de los ferrocarriles rusos y estrecho aliado del Kremlin, canaliza fondos a través de su think tank llamado World Public Forum "Dialogue of Civilizations", con sede en Berlín, para introducir narrativas reaccionarias en el corazón de la intelectualidad europea.
El informe del EPF destaca que estas redes promueven activamente el concepto de "soberanía moral" frente a los "derechos humanos universales", una retórica que partidos de la extrema derecha europea han explotado para justificar el desmantelamiento de varias garantías legales. Este alineamiento entre los intereses de la alta burguesía rusa y estadounidense con los sectores reaccionarios europeos busca sustituir el marco de derechos civiles y políticos para establecer una estructura de control social basada en la jerarquía y la disciplina religiosa tradicional.
Cambio de estrategia: de manifestaciones a prestación de servicios y toma del poder
El informe también señala cambios significativos en la estrategia y el modus operandi de los lobbies ultraconservadores y fundamentalistas: han mutado de las protestas en las calles a prestar servicios y aspirar a la toma del poder político. El estudio identifica 80 proveedores de "servicios anti-género", como los "centros de crisis de embarazo" y plataformas de "planificación natural", que reciben financiación para disuadir activamente a las mujeres de ejercer su derecho al aborto. Paralelamente, partidos como el ECR (Conservadores y Reformistas Europeos) y el Patriots.eu, liderados por Vox, actúan como receptores y catalizadores de esta ideología en las instituciones de la Unión Europea, facilitando la transferencia de fondos públicos hacia la agenda reaccionaria.
"La base de operaciones española": Vox y el Opus Dei
El Estado español se ha consolidado como un centro logístico y financiero importante de esta agenda global ultraconservadora, fascista y ligada al extremismo religioso evangelista. Así lo revela el citado informe, elaborado por Neil Datta para el Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF). La extensa investigación, de 160 páginas, documenta la arquitectura financiera de más de 270 actores que trabajan internacionalmente para desmantelar derechos sociales, civiles y políticos en Europa e Iberoamérica, conectando instituciones religiosas, partidos políticos y fundaciones en una estrategia conjunta para capturar instituciones públicas.
Según el documento, una de las vías de financiación más determinantes durante décadas operó bajo la sombra de La Sindicatura, un grupo de inversores vinculados al Opus Dei que controló de forma secreta el Banco Popular. El informe señala que, a través de esta entidad, se desviaban aproximadamente 80 millones de euros anuales para financiar la expansión de la prelatura y de movimientos de extrema derecha en todo el mundo. Esta estructura de financiación opaca se mantuvo activa hasta la quiebra del banco en el año 2017, momento en el que el eje financiero se desplazó hacia nuevas plataformas políticas.
Tras el colapso del Banco Popular, el epicentro de esta red en el Estado español se ha trasladado a las fundaciones vinculadas a la política institucional. El informe destaca el papel del partido Vox, que destina anualmente unos 2,5 millones de euros —provenientes tanto de cuotas de afiliados como de subvenciones públicas— a su "laboratorio de ideas", la Fundación Disenso, cuya opacidad ha provocado denuncias de miembros destacados de Vox que amenazan con fracturar el partido. Entre 2020 y 2023, Disenso gestionó más de 9,3 millones de dólares, fondos que se utilizan para vertebrar a la extrema derecha en Iberoamérica a través del Foro Madrid, estableciendo alianzas estratégicas con líderes como el argentino Javier Milei o el chileno José Antonio Kast. Además, el Departamento de Estado de EEUU ya ha anunciado un plan para financiar este tipo de movimientos políticos a través de la fundación Heritage.
Impulso al extremismo religioso
El autor de la investigación, Neil Datta, advierte de que este movimiento global está logrando "blanquear el extremismo religioso" para reintroducirlo en las políticas de gobierno mediante el uso de medios de comunicación, "ONGs" y empresas de asuntos públicos dirigidas de forma encubierta por jerarquías religiosas. El informe advierte que esta nueva ola de autoritarismo se disfraza bajo la retórica de "la tradición y el cuidado" para erosionar derechos civiles y políticos de todo tipo, desde los reproductivos y sexuales, hasta el derecho a organizar manifestaciones antifascistas. Toda esta profesionalización de los grupos antiderechos basada en financiación oligárquica les ha permitido, según Datta, "capturar partidos políticos enteros y estructuras de Estado en diversos países europeos", levantando sospechas sobre a qué intereses responden realmente quienes se presentan como "patriotas".
¿Quién es el 'globalista'?
La investigación del EPF detalla que este desembolso no solo financia abogados y lobistas, sino que también sostiene una infraestructura de propaganda y formación para cuadros políticos de la extrema derecha europea. Al seguir la pista del dinero, el análisis demuestra que estos grupos, que suelen utilizar una retórica "contra el globalismo y las élites", son en realidad los ejecutores de una agenda global diseñada y dirigida por una élite oligárquica transnacional, que utiliza tanto el extremismo religioso como el fascismo secular para fragmentar a la clase trabajadora y asegurar que las decisiones judiciales y políticas favorezcan la preservación de su viejo orden económico por encima del bienestar de la mayoría social.
