Denuncian amenazas de muerte de una empresa de desokupación a una familia en El Berrón

El Sindicatu de Vivienda d’Asturies ha hecho pública la situación de extrema gravedad que atraviesa una familia residente en la localidad asturiana de El Berrón desde hace ocho años. Según denuncia la organización en una declaración en vídeo publicada en redes sociales, un vecino de la localidad llamado Chus, su esposa y su hija de seis años están siendo víctimas de una campaña de acoso inmobiliario ejecutada por una empresa de desokupación. La familia señala que la arrendadora del inmueble contrató a este grupo de coacción para forzar su salida de la vivienda mediante métodos que incluyen "vigilancia diaria y amenazas de muerte directas", según recoge el diario Nortes.

El proceso empezó se el año pasado, cuando la propiedad se negó a renovar el contrato de alquiler de la familia. Esta decisión coincidió con una situación de vulnerabilidad económica sobrevenida, ya que una incapacidad laboral por accidente impidió al inquilino afrontar el pago de las rentas mensuales. Ante la imposibilidad de la familia de abandonar el hogar sin alternativa habitacional, la propiedad optó por recurrir a métodos de presión de una empresa privada que el sindicato califica como un "escuadrón desokupa" dedicado a proferir "amenazas e intimidaciones" de forma sistemática.

Esta campaña alcanzó su punto crítico el pasado mes de noviembre. Según el testimonio aportado por el Sindicatu de Vivienda d’Asturies a través de sus redes, la presión ejercida por la empresa de desokupación ha obligado a los tres integrantes de la familia a permanecer "encerrados en su hogar las 24 horas del día". Esta situación de encierro forzoso e intimidación habría provocado, según denuncian los afectados, serios problemas de salud mental en los dos adultos y en la menor de edad.

Desde el Sindicatu de Vivienda d’Asturies exigen de forma contundente el "desmantelamiento de estas empresas de coacción", a las que acusan de operar como herramientas de impunidad para los propietarios de viviendas. La organización hace un llamamiento a la clase trabajadora asturiana para que se organice frente a estas prácticas ilegales que buscan la expulsión de vecinos mediante el terror privado. En el caso concreto de El Berrón, el sindicato reclama la paralización inmediata del acoso y la formalización de un nuevo contrato para Chus y su familia que garantice su derecho a la permanencia en el inmueble.

Este caso de violencia inmobiliaria responde a una tendencia creciente de externalización de la fuerza por parte de rentistas, que recurren a servicios de "seguridad" privada para eludir los cauces jurídicos y ejecutar desahucios de facto con la mayor brevedad posible. La persistencia de estas empresas de desokupación refleja, según recuerda el sindicato, una forma de impunidad que vulnera los derechos más básicos de las familias trabajadoras cuando estas ven mermada su capacidad de pago por contingencias laborales o de salud. El Sindicatu de Vivienda d’Asturies concluye su denuncia instando a "acabar con todas las formas de acoso inmobiliario" mediante la organización y la solidaridad.