Huelga de hambre de presos políticos saharauis contra la represión
Tres prisioneros denuncian torturas, discriminación política y condiciones inhumanas en las cárceles del régimen de Mohamed VI ante el silencio de los organismos internacionales.
Tres presos políticos saharauis han iniciado huelgas de hambre en distintos centros penitenciarios de Marruecos y del Sáhara Occidental ocupado para denunciar la vulneración sistemática de sus derechos fundamentales. Según ha alertado la Liga para la Protección de los Presos Saharauis (LPPS) en un comunicado recogido por AraInfo, los estudiantes Brahim Babit y Salah Eddine Sabbar mantienen una protesta indefinida desde el 31 de marzo en la prisión de Aït Melloul 1, en Agadir. Por su parte, El Wali Mohamed Ali Aina inició este lunes una huelga de advertencia de 48 horas en la cárcel de El Aaiún ocupado, denunciando un hostigamiento dirigido específicamente contra su condición de militante por la autodeterminación.
La situación de los estudiantes Babit y Sabbar es de "extrema gravedad" debido al rápido deterioro de su salud y la falta de garantías sobre la atención médica que reciben. Ambos militantes saharauis decidieron recurrir a esta medida drástica tras agotar las vías de diálogo con la administración penitenciaria, que les niega el acceso a la educación, restringe su comunicación con el exterior y les mantiene en condiciones materiales degradantes. La LPPS sostiene que este trato forma parte de una persecución sistemática contra el estudiantado saharaui, que incluye procesos judiciales sin garantías y condenas utilizadas como castigo político por su defensa del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
En la ciudad ocupada de El Aaiún, El Wali Mohamed Ali Aina denuncia una política de "humillación y presión psicológica" por parte de las autoridades de ocupación. El preso político, condenado en 2022 a diez años de cárcel tras un "juicio sumario basado en cargos fabricados", ha sido hacinado junto a presos sociales y privado de objetos básicos de higiene como represalia por sus posiciones ideológicas. Organizaciones como el Colectivo de Defensores de los Derechos Humanos del Sáhara Occidental (CODESA) y la Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones (ASVDH) han condenado estas prácticas, que buscan quebrar la resistencia de los luchadores saharauis mediante el maltrato físico y psíquico.
La LPPS ha responsabilizado directamente al Estado de ocupación marroquí de la integridad física de los huelguistas y ha instado a Naciones Unidas y al Comité Internacional de la Cruz Roja a intervenir de urgencia. Las organizaciones saharauis exigen que los detenidos sean reconocidos como presos políticos y trasladados de las celdas donde sufren hacinamiento. La persistencia de estas huelgas de hambre evidencia una estructura de violencia institucional que utiliza el aparato penitenciario del régimen alauí como una extensión del control militar y político sobre el territorio ocupado.
Esta serie de luchas pone de relieve la fractura entre la legalidad internacional y la realidad dada en las zonas ocupadas, donde la defensa de la liberación nacional saharaui se castiga con la reclusión en condiciones de marginalidad y peligro de muerte. Mientras el Estado marroquí mantiene el bloqueo informativo sobre el estado de los huelguistas, la solidaridad internacionalista de y los comités de familiares redoblan la presión para exigir la liberación de todos los presos políticos y el cese de las violaciones sistemáticas de derechos humanos que el ocupante ejerce con impunidad desde que el Estado español se desentendió de su antigua colonia a finales del franquismo, y posteriormente ha reconocido, con el Gobierno de Pedro Sánchez a la cabeza, el plan de "autonomía" establecido por Marruecos que legitima la ocupación.
