La empresa de espionaje israelí Black Cube ocultó sus operaciones españolas durante ocho años
La filial vinculada al Mossad operó de forma opaca desde Madrid entre 2016 y 2023, incumpliendo la ley para evitar la fiscalización de sus actividades de injerencia política.
La sociedad Black Cube Strategy Europe SL, filial de la empresa de espionaje israelí integrada por exmiembros del Mossad y la inteligencia militar, incumplió sistemáticamente la Ley de Sociedades de Capital durante toda su estancia en el Estado español. Según documentos oficiales revelados por el diario Público, la entidad no presentó sus cuentas anuales ni sus informes de gestión en el Registro Mercantil entre 2016 y 2023. Esta ocultación de datos financieros provocó el cierre de su hoja registral, una medida que impide conocer a qué dedicó realmente la empresa sus recursos y quiénes fueron sus beneficiarios en territorio español.
El administrador único de la filial, Avi Yanus, liquidó la compañía en febrero de 2023 con un documento notarial emitido en la Palestina ocupada por Israel, asegurando que "no dejaba deudas pendientes con acreedores". Sin embargo, al esconder sus balances, Black Cube impidió rastrear los beneficios obtenidos por sus actividades de "consultoría", que según sus propios estatutos se dirigían a la Península Ibérica y América Latina. El documento no especifica quién recibió tales "consultorías". Mientras en el Estado español mantenía esta opacidad, la matriz británica de la firma declaró ingresos de 33 millones de libras (unos 38 millones de euros) en 2025, evidenciando el enorme volumen de capital que moviliza esta estructura de espionaje privado.
La trayectoria de Black Cube está marcada por graves acusaciones de "injerencia electoral" y "amenaza híbrida" en diversos países de la Unión Europea. El Gobierno de Eslovenia, según informa Público, afirma poseer "pruebas materiales" de reuniones entre directivos de la empresa y la extrema derecha eslovena antes de las elecciones de marzo de 2026. El primer ministro esloveno, Robert Golob, ha denunciado ante Bruselas que estos encuentros habrían servido para concertar maniobras de manipulación de información, que se suman a operaciones previas de la firma en Hungría para atacar a activistas y periodistas críticos con el Gobierno de Viktor Orbán.
La empresa de espionaje también ha reconocido judicialmente prácticas de coacción contra representantes de las instituciones europeas. En Rumanía, Black Cube admitió mediante un "acuerdo de culpabilidad" haber espiado e intimidado a Laura Kovesi, actual jefa de la Fiscalía General de la UE. Pese a este historial de vigilancia y persecución política, la firma mantiene actualmente una "oficina de representación" abierta en Madrid vinculada a su sede en Londres. El incumplimiento de la normativa contable en el Estado español conlleva sanciones de hasta 60.000 euros que la administración no ha ejecutado contra los responsables de la firma. Mientras tanto, el Gobierno español no ha abierto diligencias para investigar hasta dónde alcanza la injerencia del espionaje israelí en su territorio.
