La exclusión residencial se dispara en València: más de 1.300 personas malviven en chabolas

La ciudad de València registra un incremento acelerado de la infravivienda y los asentamientos chabolistas bajo la gestión del actual equipo de Gobierno (PP-Vox). Según datos oficiales de los servicios sociales municipales, un total de 1.342 personas malviven actualmente en núcleos de exclusión residencial, lo que supone un aumento del 8% en el último año. Esta situación de precariedad extrema afecta ya a 574 familias y 384 menores, evidenciando una crisis de reproducción social que las instituciones locales no están resolviendo.

La concejala de Compromís, Papi Robles, denunció este jueves que el Gobierno municipal aplica una política de "esconder la pobreza en lugar de resolverla", basada en desalojos policiales que no ofrecen alternativas habitacionales. Esta estrategia, según recoge Levante-EMV, provoca un "efecto de vasos comunicantes" donde las familias son expulsadas de un punto de la ciudad para terminar asentándose en zonas periféricas "normalmente en peores condiciones". Un ejemplo de este desplazamiento se observa en el entorno del antiguo circuito de Fórmula 1, donde la población censada en chabolas se ha multiplicado por cinco, pasando de 21 personas en 2022 a las 114 actuales.

La distribución de la miseria se concentra especialmente en los barrios de El Cabanyal (363 personas), Quatre Carreres (280) y Sant Marcel·lí (183). Además del aumento cuantitativo, la concejala Lucía Beamud alertó de un cambio en el perfil de las personas afectadas, con una mayor presencia de adultos jóvenes de entre 18 y 35 años y familias completas. Beamud calificó la situación de "emergencia habitacional sin respuesta institucional", señalando el cierre de recursos públicos como el albergue del Carme o la Oficina por el Derecho a la Vivienda como factores que agravan la desprotección de los sectores más desfavorecidos de la clase trabajadora.

Durante el ejercicio de 2025, el Ayuntamiento de València solo ejecutó el 50% del presupuesto destinado a la intervención en asentamientos, manteniendo partidas específicas con un 0% de ejecución. A esto se suma el bloqueo administrativo de más de 3.000 solicitudes de empadronamiento, un trámite indispensable para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a derechos básicos y servicios públicos.

Por su parte, el equipo de Gobierno municipal del Partido Popular y Vox respondió a estas críticas acusando a la oposición de "crear una alarma social irreal" con "datos manipulados". Fuentes municipales defendieron su gestión asegurando que la apertura de plazas de albergue en centros como el CAES de Santa Cruz de Tenerife o los nuevos recursos en Godella y Torrent "han sido una prioridad". No obstante, el Ejecutivo local no pudo desmentir las cifras de crecimiento de los asentamientos periféricos ni la baja ejecución presupuestaria denunciada, limitándose a señalar que los anteriores gestores municipales mantuvieron instalaciones sin condiciones de habitabilidad.