La alianza militar estrecha vínculos con la industria audiovisual europea y estadounidense con reuniones a puerta cerrada para influir en el relato público sobre la "seguridad" y el gasto militar.
David Romero, propietario de la firma encargada de la vigilancia del festival e identificado en el ataque al gimnasio popular La Fabrika, emplea a militantes neofascistas de Yomus y España 2000.
La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual ejecuta el cierre de una de las mayores bibliotecas digitales del mundo, agravando la precariedad de recursos en la educación pública.
La empresa de Enrique Cerezo lidera la persecución judicial contra un proyecto sin ánimo de lucro dedicado a la recuperar cine descatalogado y perdido.
La documentalista estadounidense Abby Martin señala que una oficina del ejército establece un control editorial en películas, series y videojuegos que requieren colaboración oficial.
Exteriores contrata un programa para campañas digitales dirigidas a jóvenes en TikTok, Instagram, X y YouTube, manipulando algoritmos, modelos como ChatGPT y contratando 'influencers' para contrarrestar críticas.
El colectivo denuncia campañas de presión y censura impulsadas por grupos sionistas como UKLFI, que han provocado cargos y cancelaciones de conciertos, y piden un alto el fuego inmediato y libre acceso humanitario a Gaza.
