La UE admite que sanciona a periodistas sin pruebas de ilegalidad ni vínculos con Rusia

El Consejo de la Unión Europea ha endurecido su ofensiva jurídica contra el periodista berlinés Hüseyin Doğru al declarar explícitamente que "no tiene obligación de demostrar vínculos actuales con Rusia" para imponerle sanciones severas. En la respuesta de sus abogados al recurso interpuesto por el reportero ante el Tribunal General de la UE —difundida por el propio afectado este 8 de abril—, el organismo afirma que puede basarse en "cualquier fuente de información disponible públicamente" para ejecutar estos castigos, es decir, que cualquier publicación "inadecuada" realizada en redes sociales podría servir para dejar en muerte civil a un ciudadano. Según Doğru, esta doctrina permite a las instituciones comunitarias transformar campañas mediáticas en "pruebas" administrativas, ignorando los hechos contrastables y los estándares tradicionales de la investigación policial.

El documento remitido al tribunal por el Consejo de la UE admite abiertamente que las salvaguardas del derecho penal, como la presunción de inocencia o la necesidad de una condena previa, "no son aplicables" en este proceso sancionador. Además, el organismo reconoce la actividad del periodista como un "patrón de comportamiento mayormente no ilegal", es decir, acepta que las conductas perseguidas no constituyen delitos. Pese a esta admisión de legalidad en la conducta de Doğru, la UE mantiene medidas tan graves como el embargo de sus cuentas y las de su esposa, dejándolos con 506 euros mensuales para mantener a una familia de cinco personas; una situación que el tribunal de Frankfurt ha avalado recientemente al considerarla "inherente a la naturaleza del asunto", aunque su esposa ni siquiera está implicada en la causa administrativa.

El caso de Doğru ejemplifica cómo el uso de los aparatos puramente administrativos y políticos de la Unión Europea empiezan a adoptar competencias sancionadoras directas sin someterse a control judicial, pasando incluso por encima de los Estados. Al parecer, todo se justifica para castigar las voces disidentes bajo la retórica de la "estabilidad". Según el expediente de pruebas utilizado por el Consejo de la UE —cuya publicación fue prohibida por la propia institución—, el periodista fue sancionado por sus reportajes sobre la represión de activistas pro-Palestina en Alemania y el resto de la UE. El organismo calificó este trabajo como "amenazante" y "socavador para la seguridad regional", empleando el mencionado mecanismo de castigo extrajudicial determinado por políticos y no por jueces, lo que priva al informador incluso de las garantías más básicas de defensa. Esto supone, simple y llanamente, la supresión de lo que la propia UE entiende como "Estado de Derecho".

Entre la "información falsa" que el Consejo de la UE alega para mantener las sanciones que le imponen una situación de muerte civil de facto, se citan publicaciones de la cuenta personal del periodista donde denunciaba el silencio de los medios de comunicación tradicionales alemanes y algunos sindicatos sobre su caso. El expediente también incluye opiniones personales del reportero en las que señalaba que la "clase capitalista alemana da la bienvenida a la guerra como vía de supervivencia económica". Para el aparato de poder de la UE, estas expresiones de crítica política y denuncia constituyen una justificación suficiente para mantener el bloqueo de sus activos y la restricción de sus movimientos.

El caso ha provocado la denuncia de juristas y figuras políticas como Yanis Varoufakis, quien ha calificado estas medidas extrajudiciales como "una elevación del fascismo a un plano superior". Las antiguas juezas y expertas en derecho internacional Ninon Colneric y Alina Miron ya advirtieron en un dictamen ante el Parlamento Europeo que estas sanciones administrativas suponen una "muerte civil de facto" que destruye la capacidad económica del sancionado sin control judicial previo. Al eliminar la necesidad de un estándar de prueba penal, el Consejo de la UE consolida un aparato represivo que permite silenciar a trabajadores de la información cuya línea informativa resulte incómoda para los intereses estratégicos y el monopolio de la información del bloque comunitario.

Esta estrategia de Bruselas responde a una tendencia de vigilancia masiva y control social sobre el discurso público, donde se etiqueta como "propaganda enemiga" cualquier análisis que cuestione los intereses estratégicos o el gasto militar de los Estados miembros. Por si esto fuera poco, al admitir que "no requiere probar vínculos con Rusia", el Consejo de la UE establece un peligroso precedente que permite al poder político perseguir de manera arbitraria a periodistas cuya línea editorial no sea complaciente con las instituciones. El proceso contra Doğru evidencia cómo el aparato de Bruselas recurre a la represión directa para silenciar la crítica a la política exterior y económica del bloque sin la más mínima consideración de garantías procesales.