El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, firmó a principios de este mes una nueva legislación que establece responsabilidades penales por negar el genocidio contra el pueblo soviético durante la Gran Guerra Patria (1941-1945). La medida, adoptada previamente por la Duma Estatal el pasado 24 de marzo y que ya está en vigor, endurece el marco jurídico para sancionar la apología del nazismo. Con esta norma, orientada específicamente a la memoria de las víctimas, las instituciones rusas adquieren la facultad de procesar penalmente a quienes cuestionen los hechos documentados sobre el exterminio de la población civil y militar a manos del nazismo.

La ley estipula que la destrucción, el daño o la profanación de sitios de entierro de víctimas, así como de monumentos y estructuras conmemorativas, conlleva penas de hasta cinco años de cárcel. Este apartado del código penal se aplicará tanto a acciones realizadas dentro del territorio ruso como a incidentes en el extranjero que afecten a la memoria y la honorabilidad del sacrificio soviético. De este modo, el Kremlin formaliza un mecanismo de persecución judicial contra la falsificación de la historia y la eliminación de símbolos soviéticos en otros países.

Asimismo, el texto legal especifica que negar o justificar el genocidio que sufrió el pueblo soviético por parte de la Alemania nazi, o proferir insultos contra la memoria de las víctimas, se castigará con un máximo de tres años de prisión. La normativa no solo protege los objetos físicos, sino que establece un control directo sobre el discurso público y la investigación histórica, penalizando las interpretaciones revisionistas y filonazis en esta materia. Según las fuentes oficiales rusas, el objetivo es proporcionar una base legal para defender el honor de los millones de ciudadanos soviéticos que fueron exterminados durante la invasión nazi.

En los últimos años, el Gobierno ha tratado de impulsar leyes para enfatizar el inmenso coste humano soportado por la población de la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria. En años anteriores, dentro de las llamadas "leyes de memoria, Rusia han sancionado la "rehabilitación del nazismo" e igualar a la URSS con la Alemania nazi. Esto se explica porque en Moscú entienden las presiones geopolíticas externas y los procesos de revisionismo histórico en curso en Europa del Este como una potencial amenaza que atenta contra su memoria y que podría servir de pretexto para legitimar acciones militares a gran escala contra Rusia. Desde esta lógica, las autoridades rusas han convertido la historia en una cuestión de Estado de primer orden. La medida pretende que cualquier banalización sobre los crímenes cometidos contra el pueblo soviético durante la Segunda Guerra Mundial sea tratada como un delito, dejando entrever la importancia histórica, política y humana que sigue teniendo esta cuestión —relativamente ignorada en Occidente— para Rusia y el resto de países que conformaban la Unión Soviética.