50 trabajadores de los servicios sociales de Bilbo denuncian presiones para participar en desahucios
El Ayuntamiento despide a dos trabajadores por negarse a intervenir en el desahucio masivo de Zorrotzaurre; alertan del colapso de los recursos y la “deriva autoritaria” de la intervención social.
Unos 50 trabajadores de los servicios sociales, junto con el Sindicato Socialista de Vivienda de Bilbo, realizaron una comparecencia frente al Ayuntamiento. En ella, los trabajadores sociales denunciaron la presión y el acoso que sufren por parte de las instituciones, que les obligan a participar en los desahucios, sancionando, además, a aquellos que se niegan.
En Zorrotzaurre, por ejemplo, cientos de personas sin hogar viven en edificios abandonados, y el Ayuntamiento de Bilbo (PNV) los está desalojando. En uno de esos desalojos, pidieron a dos trabajadores de los servicios sociales que participaran, pero ellos se negaron. Ahora ambos están en la calle.
El desalojo se produjo en octubre del año pasado. La policía desalojó un pabellón municipal en Zorrotzaurre, dejando en la calle a unas 80 personas “sin ninguna garantía y sin una alternativa de vivienda estable”, según informó el sindicato. “Los dos trabajadores que se negaron a colaborar en el desalojo sufrieron represalias, que finalmente les costaron el puesto de trabajo”, explicaron durante la concentración.
Según los trabajadores de los servicios sociales, están trabajando “en condiciones cada vez más asfixiantes”, con “una carga burocrática excesiva, falta de recursos y órdenes contradictorias por parte de las instituciones”. Denuncian que esto les empuja a asumir un “rol de intermediarios” entre las personas más vulnerables y las decisiones políticas que perpetúan su situación de desprotección. Consideran que esta tensión es especialmente alta en los desahucios, donde los trabajadores denuncian que sufren presión institucional para cumplir funciones que van en contra de sus convicciones y que están “fuera de los límites de sus competencias”
Colapso de recursos y deriva disciplinaria de la intervención social
“Nos encontramos ante una emergencia social”, han advertido los trabajadores. El propio Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbo reconoce que se está produciendo un “aumento de las situaciones de vulnerabilidad extrema”, relacionadas con “la migración, los desalojos y situaciones de grave desprotección”. Sin embargo, no se han reforzado los recursos para hacer frente a esta situación: “Servicios como el SMUS o el albergue de Elajabarri están saturados. Al mismo tiempo, la falta de vivienda ha aumentado de forma constante en los últimos años; de las 112 personas que había en 2016 se ha pasado a más de 600 en 2024”.
En este contexto, los trabajadores y el sindicato han denunciado que se pretende imponer a la intervención social una “deriva disciplinaria”. “En lugar de ayudar y orientar a las personas en situación de vulnerabilidad, las instituciones están empujando a los profesionales a cumplir funciones de control”, han precisado: “Esto distorsiona el trabajo y refuerza las dinámicas de exclusión”.
“No vamos a trasladar la responsabilidad de la miseria a quienes la padecen”, reivindican los trabajadores. Exigen que se respete su derecho a negarse a cumplir funciones que no les corresponden, y se niegan a participar en procesos de desahucios. Al mismo tiempo, exigen que cesen las “presiones institucionales” que les empujan a actuar en contra de sus “competencias y principios”.
