Luisiana impulsa trabajos forzados e internamiento obligatorio para personas sin hogar
El proyecto de ley estatal vinculada a Palantir establece un sistema de "prisiones por deuda" donde las personas que acampan en la calle deben pagar su propio tratamiento forzoso con labores no remuneradas.
La Cámara de Representantes de Luisiana ha aprobado una medida legislativa que endurece la criminalización de la pobreza extrema y recupera mecanismos de explotación laboral vinculados al pasado esclavista y segregacionista del estado. El proyecto de ley, promovido por el gobernador Jeff Landry bajo la influencia de las políticas de Donald Trump, impone a las personas que duermen en la calle el dilema de enfrentar penas de prisión o someterse a un mínimo de un año de "tratamiento forzado" por violar la prohibición de camping callejero. Esta legislación se basa en modelos diseñados por el Instituto Cicero, una entidad financiada por capitales milmillonarios y vinculada a la famosa empresa tecnológica Palantir.
El aspecto más lesivo de la norma establece que las personas sin hogar deberán sufragar los costes del tratamiento al que han sido obligadas a asistir. En caso de no disponer de recursos económicos, la ley las fuerza a realizar "trabajos no remunerados" para el Gobierno o diversas organizaciones comunitarias con el fin de "saldar la deuda contraída". Desde la organización Housing Not Handcuffs, el activista Sam Hozian ha denunciado que esta medida evoca directamente las prácticas de "arrendamiento de convictos" y las leyes racistas de Jim Crow, perpetuando la estructura de supremacía blanca y explotación que históricamente ha caracterizado al sistema penal de Luisiana.
La implementación de este marco jurídico crea, en la práctica, un sistema de justicia de dos niveles donde la penalización no depende del hecho cometido, sino de la condición material del sujeto. Mientras el costo de la vivienda y los alquileres continúan expulsando a la población de sus hogares, la respuesta institucional centra sus medios y sus fuerzas en la represión, utilizando la privación de libertad y el trabajo esclavo encubierto para reducir los costes del Estado y beneficiar a entidades privadas.
El gobernador Landry ha justificado su apoyo a esta legislación alineándose con la agenda de Trump, quien ha abogado por políticas de expulsión y confinamiento masivo de personas en situación de calle a nivel federal. Esta tendencia muestra una deriva hacia la pauperización absoluta, donde el Estado, en lugar de garantizar el derecho a la vivienda, utiliza su aparato represivo para ocultar las consecuencias materiales del sistema económico.
La aprobación de este proyecto en la Cámara baja de Luisiana indica la disposición de los poderes locales para adoptar medidas de excepción contra los grupos más vulnerados. Con un castigo individual y extrayendo valor mediante el trabajo forzoso con coste cero, las instituciones evitan abordar la raíz del conflicto: un mercado inmobiliario que impide el acceso a necesidades básicas a la clase trabajadora. Las organizaciones en defensa de los derechos humanos advierten que esta "traición a la diplomacia humana" busca convertir la miseria en una fuente de mano de obra disciplinada y sin derechos.
