El Gobierno español “presiona” en Bruselas por un embargo a Israel, aunque lo incumple en sus propios contratos
Pide suspender el Acuerdo de Asociación con Tel Aviv mientras deja circular a barcos con armamento y mantiene la opacidad sobre compras militares y proyectos de investigación conjunta.
El Gobierno español, en una acción coordinada con Irlanda y Eslovenia, ha elevó este martes a las instituciones europeas la "exigencia de romper el Acuerdo de Asociación con el Estado de Israel". El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sostuvo en Luxemburgo que un gobierno que "viola el derecho internacional no puede ser socio de la Unión". Sin embargo, la realidad de las relaciones bilaterales España-Israel vuelve poner en evidencia la contradicción: el bloque europeo sigue siendo el principal socio comercial de Israel y Madrid mantiene flujos de capital público hacia la industria militar sionista que no se han detenido pese a las promesas oficiales.
La brecha entre el discurso institucional y los hechos concretos queda expuesta en el informe Opacidad y desinformación en las relaciones armamentistas entre España e Israel, publicado por el Centre Delàs d'Estudis per la Pau en marzo de 2026. Según indica el documento con todo lujo de detalles, el Ministerio de Defensa encabezado por Margarita Robles ha desplegado una estrategia para "engañar a la opinión pública" mediante la anulación de anuncios en la Plataforma de Contratación que, en la práctica, no cancelan la adjudicación de los contratos. Eduardo Melero, autor del estudio, denuncia que el Ejecutivo ha facilitado información engañosa y que la Secretaría de Estado de Defensa mintió en sede parlamentaria al asegurar que se habían anulado las compras a la industria de guerra israelí.
Las cifras de este lucro empresarial desmienten el relato del "embargo armamentístico" que tantas personas se han creído internacionalmente. Entre octubre de 2023 y marzo de 2025, las importaciones desde la Palestina ocupada por el Estado de Israel alcanzaron los 5,3 millones de euros, una cantidad que quintuplica los datos del portal oficial Datacomex. Empresas como Elbit Systems y Rafael Advanced han consolidado contratos que superan los 1.000 millones de euros con la administración española.
Esta transferencia ingente de fondos públicos hacia el sector privado israelí se ve blindada por "vacíos legales" que permiten adquirir componentes con trampas de ingeniería jurídica como comprar a filiales europeas, sorteando el veto anunciado en el Real Decreto-ley 10/2025. Según se desprende del dossier del Centre Delàs, esto indica que el Gobierno español estaría estudiando de forma consciente cómo mantener la compraventa de armamento con Israel mientras afirma que aplica un embargo de armas, respetando la letra del texto y engañando a la opinión pública.
Sin embargo, la mentira empieza a ser tan evidente que algunas formaciones políticas ya han pedido al PSOE en el Congreso el fin del secretismo de la Junta Interministerial (JIMDDU) y la prohibición del tránsito de buques con material bélico por aguas españolas. Sin embargo, estas peticiones se realizan sin medidas de fuerza y sin condiciones, por lo que el Ejecutivo de Sánchez puede permitirse seguir ignorándolas y mintiendo.
Todas estas denuncias y reclamaciones coinciden con la Red Universitaria por Palestina (RUxP). El Salto recuerda cómo esta organización señala la vigencia de 44 proyectos de investigación con centros israelíes bajo el programa Horizon Europe. Un ejemplo sería el acuerdo de la Universidad de Navarra con la Bar Ilan University por 12 millones de euros, o la Universidad del País Vasco, que en noviembre de 2025 mantenía activos al menos 14 proyectos de investigación vinculados a Israel, evidenciando que la impostada "desconexión" tecnológica y académica con el Estado colonial sigue siendo, a día de hoy, una gran mentira.
A pesar de que la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, afirma que "se han denegado 219 licencias de exportación e importación", el Centre Delàs recuerda que el grueso de la relación estructural permanece intacto. El informe concluye que el Gobierno español mantiene una política de "opacidad activa" que protege los intereses de las grandes empresas del complejo militar-industrial, fuertemente integrados y prácticamente inseparables de los intereses israelíes, permitiendo que la industria de un Estado que ejerce el apartheid y el genocidio sobre la población palestina y los pueblos de Oriente Medio siga siendo un proveedor estratégico para las Fuerzas Armadas españolas, para las que se decretan nuevas compras "ineludibles" prácticamente en cada Consejo de Ministros, donde los socios de Gobierno pertenecientes a Sumar aprueban decretos felizmente.
