El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato a la investidura por el Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, junto al portavoz de Vox en la cámara autonómica, Carlos Pollán, anunciaron oficialmente la firma de un acuerdo de gobierno de coalición para la comunidad autónoma la semana pasada. La comparecencia conjunta tuvo lugar en la sede de las Cortes de Castilla y León, tras periodo de negociaciones bilaterales que se ha materializado en un documento programático similar al que ambas formaciones sostienen en los territorios de Extremadura y Aragón. Según las previsiones institucionales, la sesión de investidura de Mañueco se celebrará este miércoles.

En virtud del reparto institucional acordado, los fascistas asumirán la vicepresidencia primera de la Junta y la gestión de tres carteras gubernamentales, concretadas en la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Respecto a la estructura interna de las Cortes de Castilla y León, la presidencia recaerá en el Partido Popular, mientras que Vox ostentará la vicepresidencia primera y una secretaría dentro del órgano de gobierno parlamentario.

Menos impuestos, racismo y revisionismo histórico

El documento programático consta de 62 páginas estructuradas en 19 epígrafes que engloban más de 300 medidas específicas sujetas a plazos determinados para su cumplimiento. En el ámbito macroeconómico y tributario, el texto recoge el compromiso firme de aprobar los presupuestos correspondientes a los cuatro años de legislatura, articulando una rebaja generalizada de impuestos. 

Uno de los puntos centrales del pacto radica en el área migratoria y de "bienestar social", donde se introduce el concepto racista e inconstitucional de la "prioridad nacional" defendido por Vox. A preguntas formuladas por la prensa sobre la constitucionalidad de la medida, Mañueco ha defendido que la redacción guarda "plena sintonía" con los acuerdos de Extremadura y Aragón. 

El acuerdo abarca reformas significativas en el ámbito educativo, cultural y medioambiental. En el plano escolar, se ratifica la obligatoriedad de mantener la enseñanza de la "Historia del terrorismo" dentro de los planes de estudio vigentes y se implementará la preferencia de productos "de origen nacional" en los comedores escolares. Por otra parte, dentro del apartado destinado al "combate del adoctrinamiento", el PP y Vox se comprometen a tramitar y aprobar, con anterioridad a junio del año 2027, una denominada "Ley de Concordia de Castilla y León" que sustituirá el marco normativo actual con el propósito declarado de "reconocer de forma homogénea a todas las víctimas de violencia social, política, terrorista o de persecución ideológica y religiosa", aludiendo especialmente al revisionismo sobre la Guerra Civil española y el franquismo.