La Conferencia Episcopal confiesa que al menos mil clérigos están acusados de abusos sexuales
El secretario general de la CEE reconoce la cifra de abusadores ante la presión del sexto dosier de 'El País', que eleva las víctimas a más de 3.000 mientras la institución elude una investigación interna.
Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha reconocido públicamente que las oficinas de protección de menores de la Iglesia han recibido testimonios sobre aproximadamente 1.000 clérigos acusados de abusos sexuales. Esta admisión se produjo durante la rueda de prensa posterior a la Asamblea Plenaria, cinco días después de que el diario El País entregara su sexto dosier sobre pederastia eclesiástica. Según los datos del rotativo, la cifra de víctimas contabilizadas desde 2018 asciende ya a 3.084, con un total de 1.613 acusados, lo que representa el 1,46% del personal religioso en el Estado español desde 1940.
A pesar de la magnitud de los datos aportados, la respuesta institucional de la jerarquía católica sigue refugiándose en el trámite burocrático. García Magán se limitó a afirmar que han "pasado el correspondiente dosier a las instituciones eclesiales correspondientes", evitando aclarar si se pondrá en marcha una investigación general y coordinada. Esta falta de diligencia ha quedado patente en casos como el del colegio de sordos La Purísima en Madrid; aunque los abusos fueron notificados en 2021, la superiora de las Franciscanas de la Inmaculada, Celia Tena, aseguró a El País no haber recibido notificación alguna, señalando lagunas en la cadena de comunicación de la CEE.
La opacidad se ha intensificado tras el anuncio de que el informe Para dar luz, documento que la Iglesia prometió actualizar anualmente "para informar a la sociedad", dejará de ser público. García Magán confirmó en febrero del año pasado que los datos pasarán a ser de difusión exclusivamente interna para los altos cargos eclesiásticos. Este cambio llega después de que se descubriera que la CEE ignoró en sus recuentos previos más de 300 casos que ya habían sido admitidos por obispados y congregaciones.
En el ámbito normativo, el presidente de la CEE, Luis Argüello, ha planteado la discusión de un "decreto general sobre sanciones a clérigos", una medida que, sin embargo, depende de la autorización directa de la Santa Sede. Hasta el momento, el Vaticano ha frenado iniciativas similares de la Iglesia española a la espera de sus propias directrices internacionales. Mientras tanto, las organizaciones de víctimas y periodistas de El País continúan derivando los expedientes al Defensor del Pueblo ante la resistencia de la institución católica a fiscalizar de manera rigurosa y transparente los crímenes cometidos en su interior.
