Tubos Reunidos presenta concurso de acreedores: más de mil empleos en riesgo

El Consejo de Administración de la compañia Tubos Reunidos presentó este lunes la solicitud de declaración de concurso voluntario de acreedores ante un juzgado de Araba, según ha informado la propia empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La dirección justifica esta medida por una situación de "insolvencia inminente" derivada de "graves tensiones de tesorería", las cuales atribuye a la "paralización indeseada de la actividad en la planta de Amurrio". En dicha factoría, los trabajadores mantienen una huelga indefinida desde el pasado 15 de marzo en respuesta a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que pretende expulsar a 179 asalariados.

La crisis financiera de la compañía se traduce en unas pérdidas que el año pasado alcanzaron los 118 millones de euros, con una deuda acumulada de 263 millones. El principal acreedor es el Estado español a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que ostenta 150 millones de la deuda total. Pese a los intentos de la dirección por renegociar estos pasivos y obtener "nueva financiación en el corto plazo", los responsables del grupo han admitido que "no han logrado garantizar la entrada relevante de caja" ni han cerrado alianzas estratégicas que aseguren la viabilidad del proyecto industrial fuera de EEUU.

En el marco de este proceso de quiebra, la dirección de Tubos Reunidos ha convocado a los comités de empresa de Amurrio y Trapagaran para el próximo 6 de mayo para trasladar los detalles del concurso. Mientras tanto, el conflicto laboral en la planta alavesa se ha agudizado tras la maniobra de un grupo de empleados, presuntamente impulsada por la empresa según denuncia el comité, que ha solicitado a la Inspección de Trabajo una asamblea para votar el fin de la huelga. El comité de empresa, con mayoría de ELA, LAB y ESK, ha rechazado la validez de dicha convocatoria en una nota de prensa, al considerar que busca "dividir a la plantilla y atacar la huelga" que se opone a los despidos masivos.

Por su parte, el Gobierno Vasco ha calificado de "imposible" evitar esta situación de quiebra, señalando como factores determinantes el "nivel de deuda insostenible", los aranceles impuestos por Washington y el encarecimiento de la energía derivado de la guerra de EEUU e Israel contra Irán. El Departamento de Industria ha manifestado que la nueva etapa concursal "debe priorizar la búsqueda de inversores y la reestructuración de la deuda" para mantener la actividad en la comarca de Aiaraldea. Sin embargo, los sindicatos mantienen su respuesta jurídica y han recurrido el ERE ante la Justicia, tras un informe de la Inspección de Trabajo que inicialmente validó las causas de los despidos planteados por la mercantil.