El Gobierno británico anunció este fin de semana la nacionalización con efecto inmediato de la empresa siderúrgica British Steel, una medida adoptada con el propósito declarado de “proteger la producción de acero en el Reino Unido” tras no alcanzar un acuerdo de viabilidad con la corporación china Jingye, anterior propietaria de la firma. La transferencia a manos públicas se concretó un día después de que la Ley de Nacionalización de la Industria del Acero recibiera la sanción real este miércoles, un marco legal que reconoce formalmente el “valor estratégico” de este sector productivo.

Según precisó el Ejecutivo del Reino Unido a través de un comunicado oficial, en virtud de esta nueva normativa se procederá al nombramiento de un tasador independiente, cuya función será determinar si corresponde el pago de alguna indemnización económica al gigante asiático.

La hoja de ruta gubernamental incluye la designación de un equipo directivo encargado de “estabilizar las operaciones de la planta en territorio británico, gestionar las políticas de seguridad y salud laboral, y colaborar con sindicatos y empleados para transformar a British Steel en una entidad comercialmente sostenible y con bajas emisiones de carbono”. El Gobierno enfatizó en su nota oficial que el acero desempeña un “papel esencial” en el desarrollo de la economía estatal al sustentar grandes proyectos de infraestructura energética, redes de transporte, construcción y militares.

La administración pública recordó que el sector ha enfrentado dificultades estructurales debido a “años de exceso de capacidad a nivel mundial, competencia desleal y elevados costes operativos”, factores que motivaron una primera intervención financiera por parte del Estado en abril de 2025 para sostener los altos hornos y evitar un cese de actividad abrupto.

Esta nacionalización se inscribe dentro de un plan estatal integral para el respaldo siderúrgico, cuya estrategia fue aprobada en marzo pasado y establece el objetivo de que hasta el 50 % del acero utilizado en el Reino Unido provenga de producción propia. Para complementar esta política, el Ejecutivo redujo en un 51% los contingentes de importación de acero exentos de aranceles y concedió un subsidio de 500 millones de libras, equivalentes a 585 millones de euros, a la multinacional india Tata Steel para financiar la ‘transición ecológica’ de sus instalaciones en Port Talbot, Gales. Las organizaciones sindicales del país manifestaron su respaldo a la medida, señalando que la titularidad pública “ayudará a proteger miles de puestos de trabajo y aportará estabilidad a una industria afectada por recurrentes crisis”.