El Sindicat de Vivienda de Carolines demanda al fondo Nestar-Azora por imponer cláusulas abusivas

Un total de 29 familias de las localidades de Alacant y San Vicente del Raspeig (País Valencià), organizadas a través del Sindicat de Vivenda de Carolines, han interpuesto dos demandas colectivas contra el fondo de inversión Nestar-Azora. Según informa el diario Información, la organización de vivienda denuncia que esta empresa, que gestiona más de 9.500 inmuebles en el Estado español, utiliza un "modelo estructural que permite a grandes empresas especular con la vivienda". Las familias exigen que se anulen las diversas condiciones contractuales y la devolución íntegra de las cantidades abonadas bajo conceptos abusivos y que ya han sido señalados por diversos tribunales.

Entre las prácticas impugnadas ante los juzgados se encuentra la imposición del pago del IBI, los gastos de comunidad y la tasa de basuras a los inquilinos, así como la obligatoriedad de contratar un seguro de impago anual cuyo coste equivale a media mensualidad de alquiler. El Sindicat de Vivienda de Carolines subraya que muchas de estas viviendas mantienen la calificación de vivienda protegida, situación que, según recoge Información, "no ha impedido la aplicación de alquileres elevados, la inclusión de cláusulas abusivas, la falta de mantenimiento de los inmuebles y la tentativa de venta por encima de los precios legalmente establecidos".

La acción legal se suma a la estrategia iniciada previamente por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, donde un juez ya obligó a Nestar-Azora a devolver miles de euros tras declarar abusivas seis de las siete cláusulas denunciadas. Desde la entidad alicantina señalan que el proceso de organización del vecindario comenzó en mayo de 2025 y advierten de que la situación de la vivienda en la zona es "totalmente insostenible". Según los datos del sindicat, quienes viven de alquiler dedican "casi la mitad de su sueldo a pagar la renta", una cifra que en los casos más extremos llega a suponer el 90 % de los ingresos mensuales.

Ante la previsión de una "expulsión masiva" de inquilinos por la finalización de los contratos firmados durante la pandemia, el sindicat ha lanzado la campaña No nos vamos. La organización hace un llamamiento a "resistir y luchar" frente a las renovaciones de contratos al alza y anuncia que pasará "a la ofensiva" con protestas en las sedes de las empresas propietarias y demandas contra las tácticas intimidatorias de los caseros, tales como el enviar empresas de desokupación. Asimismo, han puesto sobre la mesa la opción de convocar de una huelga de alquileres, medida que consiste en el impago total o parcial de la renta como herramienta de presión política.