La Central Obrera Boliviana denuncia la detención ilegal de cinco dirigentes
Afirma que han sido secuestrados y han sufrido torturas la víspera de que Rodrigo Paz aprobara definitivamente el despliegue del ejército tras cuarenta días de movilizaciones masivas.
La Central Obrera Boliviana (COB) denunció públicamente este lunes lo que calificó como el "secuestro, atentado a la vida y aprehensión ilegal" de cinco de sus principales dirigentes nacionales, un hecho registrado la tarde del pasado domingo en la ciudad de El Alto. Según el comunicado oficial emitido por el comité ejecutivo de la organización, los delegados sindicales fueron interceptados en la vía pública por sujetos encapuchados, vestidos de civil y portando armas de fuego mientras se trasladaban a bordo de un vehículo particular. Los representantes afectados fueron identificados formalmente como Limber Onofre, Patricia Sánchez, Hever Brabo, Sergio Onofre y Eleiterio Mamani, quienes pertenecen respectivamente a los sectores estratégicos de la construcción, el magisterio, el ramo fabril, el ámbito universitario y la actividad minera del país.
La organización sindical constató que, actualmente, los cinco dirigentes se encuentran retenidos en las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). La dirección de la COB enfatizó el carácter arbitrario del procedimiento debido a la ausencia inicial de un informe policial de acción directa que justificara legalmente la operación en el momento de su ejecución. A través de denuncias difundidas por sus miembros en redes sociales, la Central sindical alertó sobre palizas y torturas infligidas a los detenidos durante las intervenciones, señalando que más de diez agentes uniformados habrían propinado golpes a los sindicalistas cuando estos ya se encontraban sometidos en el suelo. Ante lo que consideran "una flagrante vulneración de las garantías constitucionales", la COB ha formalizado solicitudes de intervención urgente ante la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, elevando simultáneamente el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Este operativo policial se produce en una coyuntura política de extremadamente tensa, coincidiendo con la víspera de la promulgación por parte del presidente de la República, Rodrigo Paz, de la Ley 1740 de regulación de estados de excepción. Dicha norma faculta legalmente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana a coordinar y ejecutar operaciones conjuntas de despliegue en las calles para disolver los paros. El país cumple este lunes 40 días de movilizaciones ininterrumpidas y mantiene activos más de noventa bloqueos de carreteras a nivel estatal. Los comités sindicales y las comunidades campesinas mantienen sus exigencias centradas en la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz, así como en el rechazo absoluto al plan de ajuste estructural y a los proyectos de privatización promovidos por el Ejecutivo.
Washington avisa
La situación en Bolivia ha cobrado una abierta dimensión internacional tras la difusión el pasado viernes de un comunicado conjunto emitido por los gobiernos de los Estados Unidos, Argentina, la propia Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, la República Dominicana y Trinidad y Tobago. En esta declaración oficial, los países miembro de la coalición internacional conocida como "Escudo de las Américas" denunciaron de manera categórica los continuos esfuerzos orientados a derrocar al gobierno "legítimo y abrumadoramente elegido" del presidente Rodrigo Paz.
El bloque supeditado a Washington manifestó su "firme respaldo a la administración democrática de Paz" frente a lo que describieron como "intentos cínicos de hacer retroceder a Bolivia". Asimismo, el documento enfatizó que el dominio de las masas "no puede reemplazar la decisión soberana expresada por la mayoría de los ciudadanos bolivianos en las urnas para pasar página a dos décadas de administraciones corruptas". Los gobiernos firmantes señalaron directamente que "aquellos que financian estas protestas con dinero sucio proveniente del narcotráfico y del crimen organizado transnacional deben rendir cuentas ante la justicia", en clara alusión al expresidente Evo Morales.
