Los países nórdicos y bálticos, en una acción coordinada con la Comisión Europea, han ejecutado una profunda ofensiva diplomática y económica destinada a redoblar la presión internacional sobre Moscú para "obligar al Gobierno ruso a decretar un alto el fuego inmediato e incondicional" en Ucrania. Durante una cumbre regional celebrada este martes en Tallín, la capital de Estonia, los Gobiernos de Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia emitieron una declaración conjunta recogida por la agencia Europa Press, en la que respaldaron la pronta adhesión de Ucrania a la Unión Europea y reafirmaron que "el futuro político y estratégico de Kiev se encuentra dentro de la comunidad euroatlántica". En el documento oficial, este bloque regional calificó a Rusia como "la amenaza más significativa y directa para la seguridad euroatlántica", acusando también a Bielorrusia de "complicidad", y se comprometió formalmente a alcanzar una inversión anual en defensa equivalente al 5% de su PIB mucho antes del año 2035.

En el marco de este encuentro en Tallín, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, suscribieron un acuerdo militar bilateral que contempla el "intercambio de experiencias y la cooperación industrial" en materia de defensa aérea, además de avanzar en la redacción de un marco normativo para la fabricación y despliegue de drones. Esta consolidación del apoyo militar en el flanco este coincide con la presentación en Bruselas del vigesimoprimer paquete de sanciones de la Unión Europea contra la Federación de Rusia, anunciado formalmente por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La jefa del Ejecutivo comunitario detalló que las nuevas medidas punitivas se concentran en áreas "de alto impacto" como los servicios financieros, el mercado de criptoactivos, el comercio exterior, la actividad pesquera y, de manera prioritaria, el sector energético.

El nuevo paquete regulatorio incluye la congelación temporal del ajuste del tope al precio del petróleo ruso hasta enero del próximo año, una medida diseñada para dar estabilidad a los mercados internacionales tras la crisis colateral derivada del cierre del estrecho de Ormuz, manteniendo al mismo tiempo la asfixia sobre los ingresos fiscales de Moscú. A su vez, Bruselas ampliará la persecución a la denominada "flota fantasma rusa" mediante la inclusión de 30 buques adicionales en su lista negra, que ya supera las 600 embarcaciones sancionadas, penalizando por primera vez a las infraestructuras críticas como puertos, aeropuertos o refinerías que presten apoyo logístico o procesen el crudo de procedencia rusa.

Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, precisó que las restricciones comerciales de este vigesimoprimer paquete afectarán directamente a bancos, fabricantes de armamento y operadores en terceros países que colaboren con el complejo militar-industrial ruso. El control de exportaciones de la UE se ampliará a 50 empresas adicionales, incluyendo entidades con sede en China, Turquía, Kirguistán, Kazajistán, Emiratos Árabes Unidos e India, restringiendo la transferencia de metales de alto rendimiento y aleaciones tecnológicas para tratar de debilitar la capacidad de producción fabril rusa, a la vez que se prohíbe la importación en suelo comunitario de componentes de automoción, minerales preciosos y la entrada de excombatientes del ejército ruso a territorio de la Unión.